En los próximos días la Cámara de Diputados analizará –en tercer trámite constitucional- las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto sobre televisión digital terrestre. Cabe destacar que la iniciativa se encuentra calificada “con suma urgencia”, teniendo los parlamentarios un plazo de 15 días como máximo para concluir el trámite. Asimismo, el proyecto requiere del voto favorable de la mitad más uno de los legisladores en ejercicio, ello porque contempla disposiciones de quórum calificado. Entre las modificaciones incorporadas por la Sala del Senado, se definió la titularidad del espectro radioeléctrico, estableciendo que “es un bien nacional, cuyo dominio pertenece a la Nación toda”. En esta línea, determinó que “su uso y goce está orientado a satisfacer necesidades públicas y colectivas de toda la sociedad”; que “ninguna persona natural o jurídica puede atribuirse o pretender el dominio de todo o una parte del espectro radioeléctrico”; que “las concesiones que se otorguen a personas naturales o jurídicas son, por esencia, temporales; y que “los beneficiados con una concesión podrán pagar al Estado el justiprecio por el uso y goce de la misma en conformidad a esta ley”. Asimismo, se incluyó una norma que prohíbe a los permisionarios de servicios limitados de televisión emitir o retransmitir, por cualquier medio, en su oferta programática, señales pertenecientes a los concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción, sin la expresa autorización de éstos. Finalmente, se estableció el rol del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), entidad encargada por ley de supervigilar y fiscalizar por el correcto funcionamiento de los contenidos de las emisiones, y que tendrá el deber de velar por “el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
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