En el marco de las próximas elecciones, y luego de haberse cerrado el período de inscripción de candidaturas presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, el Instituto Libertad y Desarrollo se pronunció en torno a las candidaturas de los consejeros regionales, que por primera vez se eligen de forma directa.
Una mirada general de la nómina de candidaturas presentadas al Servicio Electoral (SERVEL) permite observar un escenario con una alta fragmentación con nueve pactos distintos y con patrones de incumbencia cercanos al 55%. La participación femenina experimenta un alza moderada, siendo ésta mayor en el pacto Alianza que en la Nueva Mayoría, tendencia que también está presente en los candidatos al Parlamento.
Refiriéndose a la funciones de un Consejero Regional, el think tank sostuvo que, actualmente, la Ley Nº 19.175, que regula el Gobierno y la Administración Regional, señala que el Intendente es el representante del Presidente de la República en el gobierno interior de cada región. A su vez, dispone que la administración superior de cada región está radicada en un Gobierno Regional, que estará constituido por el Intendente y el Consejo Regional compuesto, a su vez, por los consejeros regionales (CORES).
Los Consejos Regionales, se agrega luego, tienen por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad en la adopción de aquellas decisiones que tengan una directa relación con el desarrollo social, cultural y económico de las regiones, cuidando la equidad y armonía, así como la congruencia entre políticas y planes regionales con las políticas y planes nacionales.
Así, dentro de las principales responsabilidades del consejero regional se encuentran: aprobar el reglamento que regule su funcionamiento y las diversas comisiones de trabajo; aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, sobre la base de la proposición del Intendente; resolver, sobre la base de la propuesta del Intendente, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional y de los recursos propios del Gobierno Regional; fiscalizar el desempeño del Intendente en su calidad de presidente del consejo y de órgano ejecutivo del mismo, como también el de las unidades que de él dependan; y emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la división política y administrativa de la región que formule el gobierno nacional, y otras que le sean solicitadas por los Poderes del Estado; entre otras, expreso el Instituto Libertad y Desarrollo.

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