El proyecto de ley, iniciado por moción de los diputados Ceroni, Goic, Muñoz, Saa, Sabat, Schilling, Sepúlveda y Zalaquett, expone que en nuestro país se destaca un aumento de la Violencia Intrafamiliar en un 4,37% entre los años 2010 y 2012, conforme al cuarto estudio nacional de VIF realizado por la ONG Activa y la Universidad Iberoamericana, lo que refleja la carencia de una política pública judicial efectiva.
Observa luego que si bien un juez está investido de una potestad cautelar, “es necesario fortalecer las potestades del juez para dictar las medidas cautelares pertinentes y dotar al sistema de un mecanismo de fiscalización eficaz de las mismas, con el fin de evitar las lamentables cifras de femicidio y de lesiones que han tenido lugar en el presente año”.
En miras a los objetivos descritos, pretenden modificar la normativa que crea los Tribunales de Familia y la Ley N° 20.066, que modifica la ley que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. En efecto, se concede la posibilidad de adoptar por el juez de familia el uso de un sistema telemático de monitoreo del presunto agresor -a petición de la víctima- pero revisable durante el proceso respectivo para determinar si se justifica continuar con tal medida adoptada.
Por último, se contempla la posibilidad de que la víctima pueda solicitar al Tribunal el porte de un dispositivo de control telemático para su protección, cuando no sea posible ubicar o notificar al agresor.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada –en primer trámite constitucional– por la Comisión de la Familia de la Cámara Baja.

Vea texto íntegro de la moción Boletín N° 9105.

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