En días pasados, la Sala de la Cámara de Diputados comenzó el análisis y estudio del mensaje que propone un nuevo Código Procesal Civil, y que tiene por objeto incorporar “la oralidad e inmediación; la entrega de mayores facultades a los jueces, que tendrán un rol más activo; la simplificación de procedimientos y la modernización y tecnologización del proceso”.
Cabe recordar que la iniciativa fue latamente estudiada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, junto con destacados académicos y profesionales del derecho.
El nuevo texto se basa, al igual que los procesos penales, de familia y laboral, en la oralidad e inmediación. Asimismo, se contempla solo dos procedimientos declarativos y unos pocos especiales, dejando atrás los más de 20 procedimientos que actualmente contempla la legislación civil.
Otro cambio fundamental tiene que ver con la creación del “Oficial de Ejecución”, encargado de llevar adelante todas las actuaciones de apremio, incluido el embargo, facultándolo, además, para buscar soluciones amigables entre las partes.
Por otra parte, la iniciativa promueve el uso de herramientas tecnológicas, como carpetas y formularios electrónicos, grabación de las audiencias en audio y video, interrogatorios a distancia, digitalización de las carpetas, la posibilidad de realizar las notificaciones por correo electrónico, poniendo fin a los actuales expedientes de papel cosidos a mano. Adicionalmente, se plantea el fin a las maniobras dilatorias, incentivando la litigación responsable, para lo cual contempla diversos mecanismos, como multas, costas, sanciones e indemnizaciones de perjuicios, para quienes recurran a dilaciones indebidas y prácticas abusivas en los procesos.
Con el fin de fortalecer la sentencia dictada por el juez civil de primer grado jurisdiccional, el proyecto consagra como principio y regla general la posibilidad de solicitar el cumplimiento y ejecución inmediata de las mismas, aun cuando existan recursos pendientes en su contra.
Finalmente, el diputado Burgos, integrante de la instancia, explicó que este proyecto responde a la “columna vertebral” de la reforma pendiente en el sistema judicial chileno, que “favorecerá y modernizará la forma en que los tribunales resuelven los conflictos civiles, los que ocupan cerca del 60% de las causas en los tribunales de justicia del país, como no pago de deudas, cobranzas, contratos, indemnizaciones, entre otras”.
Vea texto íntegro del mensaje, informes, discusión y tramitación.
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