En fallo dividido, la Corte Suprema determinó procedente solicitar a Alemania la extradición de la ciudadana francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, procesada por el Ministro Mario Carroza como autora del delito de homicidio terrorista del ex senador Jaime Guzmán Errázuriz.
Al efecto, cabe recordar que, a su turno, en días pasados la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, estimó procedente la extradición de Verhoeven.
En su resolución, la Corte Suprema expuso que, en el caso examinado, más allá de la calificación jurídica precisa de los hechos que corresponde efectuar en la sentencia definitiva, el resultado de muerte a partir del cual se construye la figura del homicidio y su cualidad de terrorista, se encuentran justificadas en esta etapa del proceso y están tipificadas en la legislación de ambos países; la pena asignada al delito atribuido a la requerida en el auto de procesamiento ejecutoriado es superior a un año de privación de libertad; se trata de un delito común, en oposición a uno político o conexo con éste, perpetrado en territorio nacional; existe un mandato de prisión librado en su contra y vigente y la acción penal no se encuentra prescrita, toda vez que su curso se encontraba suspendido desde que el procedimiento se dirigió en su contra, como lo prevé el artículo 96 del Código Penal, sin perjuicio de que para su cómputo debe considerarse la regla del artículo 100 del mismo cuerpo legal.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Juica y Brito, quienes consideraron que no se encuentra justificada la participación de la mujer en el delito, por cuanto, adujeron, que las piezas compulsadas por el señor Ministro Instructor, en el actual estado del procedimiento, dan cuenta de los siguientes hechos: que Marie Emmanuelle Verhoeven, conocida como “Comandante Ana” o “Mariela Vargas”, habría pertenecido al llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez a la fecha de los hechos y cuando se decide la muerte del senador, donde era encargada de inteligencia, oficial de enlace y miembro explorador; que salió del país en dirección a Mendoza entre agosto y octubre de 1992, sin que existan registros de ese movimiento; que entre fines de 1993 y principios de 1994 trabajó en Gendarmería de Chile prestando asistencia psicológica a reos terroristas en el Penal de San Miguel, donde estuvo en contacto con Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena; que Galvarino Apablaza le habría ordenado que efectuara labores investigativas al interior de la Policía de Investigaciones para aclarar los golpes que recibió su organización en abril de 1992, cuando se aclara el homicidio del senador Guzmán, del Coronel Fontaine y el secuestro de Cristian Edwards; que a mediados del año 1995 abandona el país, sin que haya registro de esa salida; y que el diagrama de los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que habrían intervenido en homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz, de fojas 328 y 343, no la incluye entre los partícipes.
Tales antecedentes, concluye en esencia el voto disidente, son los únicos que este tribunal puede considerar para decidir si existen presunciones fundadas que la requerida ha tenido participación en calidad de autora en el delito que motiva el pedido, las que en concepto de estos disidentes, no son suficientes, por ahora, para encuadrar su conducta en alguna de las formas de responsabilidad penal que contempla el artículo 14 del Código Penal.