Comisión de Constitución escuchó opinión de jueces y de defensor regional.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, continúa el análisis y estudio del proyecto que propone modificar la ley de Tribunales de Familia y el Código Procesal Penal, con el objeto de limitar el número máximo de declaraciones que se pueden tomar a un menor víctima de delitos violentos o abusos sexuales. Asimismo, propone que las entrevistas deberán ser tomadas en salas especialmente habilitadas y por profesionales calificados y especializados en la materia.

La instancia, escuchó la opinión del Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno, y de la presidenta del Tribunal de Familia de Melipilla, María Olga Troncoso, y el juez Ricardo Soto, del 2° Juzgado de Familia de San Miguel.

En la ocasión, el Defensor Regional planteó ciertos reparos al proyecto por cuanto limitar el acceso a los menores podría atentar también contra el derecho a la legítima defensa de los inculpados. Agregó que la iniciativa no es clara al definir las competencias del profesional que debería realizar las entrevistas, la presencia y participación de jueces y abogados y que se utilicen términos confusos como el de “delitos graves”, que no están consignados en las leyes penales.