La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, continúa el análisis y estudio del proyecto que propone modificar la ley de Tribunales de Familia y el Código Procesal Penal, con el objeto de limitar el número máximo de declaraciones que se pueden tomar a un menor víctima de delitos violentos o abusos sexuales. Asimismo, propone que las entrevistas deberán ser tomadas en salas especialmente habilitadas y por profesionales calificados y especializados en la materia.

La instancia, escuchó la opinión del Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno, y de la presidenta del Tribunal de Familia de Melipilla, María Olga Troncoso, y el juez Ricardo Soto, del 2° Juzgado de Familia de San Miguel.

En la ocasión, el Defensor Regional planteó ciertos reparos al proyecto por cuanto limitar el acceso a los menores podría atentar también contra el derecho a la legítima defensa de los inculpados. Agregó que la iniciativa no es clara al definir las competencias del profesional que debería realizar las entrevistas, la presencia y participación de jueces y abogados y que se utilicen términos confusos como el de “delitos graves”, que no están consignados en las leyes penales.

Por su parte, los magistrados concordaron en la necesidad de regular el derecho de los niños a ser oídos, para así evitar la discrecionalidad con que actúan los jueces, pero manifestaron sus discrepancias con la fórmula propuesta en la iniciativa.

Finalmente, los parlamentarios integrantes de la Comisión destacaron la importancia de que la instancia pueda trabajar en conjunto con los jueces de familia y defensores públicos, con el objeto de aunar criterios en esta compleja temática.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.  

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