Hoy lunes 26 de mayo, a las 12 horas, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, rindió cuenta de la gestión correspondiente a 2013, ante las más altas autoridades del país y representantes de los diversos sectores de la vida nacional.
Dicha rendición se realiza según lo dispuesto en el artículo N° 143 de la Ley N° 10.336 Orgánica Constitucional sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que establece la obligación del Contralor General de dar cuenta de lo realizado durante el año anterior.
En su discurso, sostuvo el Contralor que en la función jurídica se emitieron 14.541 pronunciamientos jurídicos; Se tomó razón de 246.649 documentos analizados, de los cuales 226.488 corresponden a materias de personal; se registraron 454.680 documentos electrónicamente y 346 entidades fueron validadas en el correcto registro de los actos administrativos exentos. Se ha consolidado el uso del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), con el aumento de un 149,2% de documentación registrada electrónicamente y se ha dado inicio al SIAPER Registro Electrónico en municipalidades con 24 pilotos a nivel nacional.
En la función de auditoría, agregó, hubo 939 entidades fiscalizadas, correspondiente al 30,7% del universo fiscalizable; se fiscalizaron 1.125 obras, que corresponde a un universo de 21,0% de muestra fiscalizada sobre un universo de M$37.188.071.197; 616 investigaciones especiales finalizadas; 2.637 denuncias y sugerencias de fiscalización ingresadas por el Portal Contraloría y Ciudadano, de las cuales un 57,5% derivó en actividades de fiscalización, lo que viene a significar la consolidación de este Portal que considera un aumento de un 138,9% de requerimientos de fiscalización de ciudadanos; se han realizado alrededor de 300 procedimientos disciplinarios. Y quizás lo que resulta más significativo es que los servicios públicos han subsanado más de 6000 observaciones que en fiscalizaciones ha formulado Contraloría, lo que hoy es posible medir a través de las acciones sistemáticas de seguimiento.
Luego, respecto al Informe OECD y su impacto en la Contraloría General, se expresó que el año 2013 fue el momento en que el acuerdo con la OECD entró en etapa de implementación, de modo que fueron múltiples las actividades desarrolladas y los productos obtenidos. El trabajo se inició con un amplio estudio de la literatura relacionada con el trabajo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, así como de las bases de datos que contienen información sobre éstas entidades, lo que fue complementado con la recopilación de información comparativa del trabajo de 13 Entidades Fiscalizadoras Superiores que aceptaron participar de este estudio, a saber: Australia, Brasil, Corea, Costa Rica, Dinamarca, España, Israel, Italia, México, Perú, Portugal, Sudáfrica y la Corte Europea de Cuentas. Con esto, la OECD pudo definir el estado del arte en materia de control gubernamental a nivel mundial, todo lo cual sirvió como insumo y parámetro para la evaluación realizada. A continuación, se procedió a una revisión de antecedentes específicos sobre la Contraloría –libros y tesis, artículos académicos, legislación, cuentas públicas, entre otros– que permitieron efectuar un mapeo institucional y habilitó a la OECD para conocer adecuadamente la posición, rol y funciones de la CGR en el contexto chileno.
En cuanto a las dificultades que sugiere la aplicación y dictación de textos legales, expresó el Contralor, en esencia, que su principal preocupación está centrada en la neoexclusión del control, un fenómeno que tiende a expandirse y que está de la mano del mal entendimiento de las autonomías administrativas. Que se asila en una situación mítica que pretende contraponer control con eficiencia, y que termina permitiendo que funcionarios quieran actuar como dueños, con el contenido de decisión del propietario y no con la rendición de cuentas y fiscalización de quien administra lo ajeno en servicio de los demás.
Es la propia Constitución la que determina el ámbito natural dentro del cual le corresponde actuar a la Contraloría, puesto que al señalar que el control de legalidad se ejercerá respecto de “los actos de la Administración”, refiere ese control a las entidades creadas para el cumplimiento de la función administrativa (art. 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado), por lo que excluye del mismo tanto a los órganos estatales no administrativos, como a las entidades no estatales.
No obstante el claro tenor de la Carta, se ha venido construyendo una arquitectura de elusión del régimen propio de la Administración del Estado en general, y del control en particular, que comenzó ciertamente en algunos decretos leyes dictados en el período 1973-1980 y que con vaivenes ha disminuido o crecido, bajo la mirada atenta del Tribunal Constitucional y en ocasiones con evidente omisión del pronunciamiento de éste, por la sola forma de construcción de las leyes. Veamos como ha sucedido esto, que desde luego entendemos como insostenible en un Estado Democrático Social y Controlado de Derecho.
Así, concluyó el discurso manifestando que esta Contraloría es testigo privilegiado de las dificultades que al menos se producen en los problemas de coordinación y articulación del Estado. Testigo de aquellas prácticas que por razones de brechas, desidia, abuso o incompetencia parecen ser práctica común de muchas instituciones. Ese testimonio que aparece en muchos de nuestros Informes está disponible. Esa cercanía en cada lugar donde se produce la fisura del buen gobierno municipal o de la desnutrición de la potencia de nuestras regiones, es experiencia diaria de cada Contralor Regional y de cada División especializada de nuestra entidad y ha engrosado un capital que está disponible para los desafíos que la Presidenta de la República quiere emprender.
La ceremonia tuvo lugar en la Sala Multiuso de Teatinos N° 78.
Vea texto íntegro de la Cuenta Pública.
Vea texto íntegro del discurso del Contralor.
Revise el video de la Cuenta Pública.
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