En días pasados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe sobre “Auditoría a la Democracia”, que analiza de manera sistemática el desarrollo de la democracia desde el término del régimen militar, consagrando un diagnóstico que contrasta la evidencia empírica sobre normas y comportamiento con las percepciones e imaginarios de la ciudadanía.
El documento destaca la evolución y estabilidad democrática que ha tenido Latinoamérica durante las dos últimas décadas, salvo algunos países que han debido enfrentar crisis de carácter institucional. En ese sentido, el informe señala que la región y fundamentalmente Chile, se encuentran actualmente discutiendo acerca de la “forma y el fondo del sistema democrático”, esto es, “en amenazas al equilibrio de poderes en sistemas crecientemente presidencialistas, en la calidad y expansión de mecanismos institucionales, así como en la eficacia de regímenes democráticos para enfrentar las preocupaciones y demandas ciudadanas en una región que continúa marcada por la desigualdad”.
Asimismo, se sostiene en el documento que actualmente nuestro país intenta comprender “cuán extendido están los principios democráticos en el funcionamiento de la sociedad, cuáles son las expectativas y demandas ciudadanas hacia la democracia y cómo se responde ante dichos intereses y demandas”, todo esto, considerando los fuertes cuestionamientos a la legitimidad y la falta de representatividad de nuestras autoridades, especialmente respecto a los senadores y diputados.
Así, el texto conceptualiza a la democracia, como: “la serie de procedimientos e instituciones que permiten elecciones libres y justas refrendadas por la ciudadanía para acceder al poder”; y desde un punto de vista integral, implica “la protección y reconocimiento del amplio abanico de derechos humanos que hacen posible el ejercicio pleno de la ciudadanía”. En esa línea, el informe establece que la democracia es esencial para obtener el desarrollo, ello porque mediante “el diálogo político la participación en la toma de decisiones y la resolución de conflictos a través de procedimientos establecidos y legitimados, se generan condiciones que permiten asegurar la permanente expansión de capacidades y oportunidades para el desarrollo de las personas”, aseverando que si los ciudadanos no pueden ejercer efectiva e igualitariamente los derechos económicos y sociales, difícilmente podrían verificar el ejercicio sus derechos civiles y políticos.
Finalmente, el estudio se divide tres partes. La primera trata sobre los conceptos de “Ciudadanía, legislación y derechos”, y pretende evaluar cómo las personas que habitan el territorio se desenvuelven en un contexto político e institucional que busca garantizar el ejercicio igualitario de derechos fundamentales en una democracia, tanto civiles y políticos como económicos y sociales. La segunda parte, “Participación y representación”, evalúa materias básicas en toda democracia como la competencia por el poder, las características de las elecciones, la participación y el sistema de partidos. La tercera se titula “Gobierno, Estado y democracia” y se orienta a evaluar la eficacia que tienen el gobierno nacional, el Congreso y los gobiernos subnacionales para servir a las personas y contribuir, desde los roles que les son asignados, a la profundización de la democracia. También se evalúa el grado de integridad en la vida pública y el control civil sobre las fuerzas militares y policiales.
Vea texto íntegro del Informe.
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