En días pasados, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, oficializó el mensaje que pretende fortalecer las facultades del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en el contexto de las graves denuncias, abusos y cuestionamientos realizados contra distintas empresas, especialmente las de retail.

La iniciativa apunta a que las empresas se encuentren obligadas a responder por las fallas o faltas hacia los consumidores en bienes o servicios, debiendo adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar calidad y excelencia al momento de proporcionarlos.

Asimismo, la norma contempla: “el fortalecimiento del Sernac, la eliminación de la competencia de los Juzgados de Policía Local para resolver los conflictos en este ámbito, el empoderamiento de las asociaciones de consumidores, el incremento de las multas por infracción a la normativa actual, y la reparación íntegra de los daños causados a los consumidores”.

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámar destacaron la iniciativa, y explicaron que “las nuevas atribuciones van a permitir una interpretación más eficaz de la ley, mejor fiscalización, una mejor protección de los consumidores y fortalecer a las organizaciones de consumidores que son fundamentales, porque aquí los ciudadanos tienen que tener un rol muy importante, siendo protagonistas en esta materia”. Agregaron que las sanciones que contempla el mensaje son ejemplificadoras, como, por ejemplo, triplicar la multa máxima desde la actuales 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTM), equivalente a unos $42 millones, para los casos de publicidad engañosa que terminen por afectar la salud o seguridad del consumidor, o el medio ambiente“.

Finalmente, se contempla que la iniciativa, una vez aprobada, entre en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial, salvo las facultades sancionatorias del SERNAC y las facultades jurisdiccionales de los Juzgados Civiles en el ámbito del interés individual del consumidor, que se implementarán en forma gradual: en las regiones de Antofagasta, Valparaíso , Magallanes y de la Antártica Chilena, desde el 1 de enero de 2017; en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, desde el 1 de julio de 2017; y en las regiones Metropolitana, Maule y Aisén, desde el 1 de enero de 2018.

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