En días pasados, el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), publicó un nuevo estudio titulado “En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina”. Dicho informe, tuvo por objeto analizar las repuestas de los países miembros del Colectivo ante el consumo de drogas de uso ilícito, reuniendo a investigadores de 8 países de América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia.
A partir de los resultados de la investigación, se logró advertir que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente punitivas y represivas, por medio de instituciones penales y no de salud. Inclusive, en países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas.
El estudio también observó que la respuesta penal contribuye a generar un ambiente de estigmatización y discriminación hacia los usuarios de drogas, exponiéndolos a situaciones de corrupción, extorsión, maltrato físico, abuso sexual, detenciones arbitrarias y otras violaciones de sus derechos fundamentales. Lo anterior repercute de manera negativa en sus posibilidades de ser considerados de forma imparcial por policías y por el sistema judicial, vulnerándose, por tanto, el derecho a la salud, a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación, a la información, al debido proceso, entre otros.
En este contexto, el estudio arrojó que países como Argentina, Ecuador, México y Bolivia el acto de consumir drogas no es un hecho constitutivo de delito. Sin embargo, según el estudio realizado en Argentina, en una muestra del año 2011, alrededor de 73-74% de las causas por infracción a la ley de drogas iniciadas por las fuerzas de seguridad en el Fuero Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires eran por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Asimismo, “en Ecuador, actualmente se encuentran detenidas 5.103 personas bajo la imputación del delito de tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de un total de 6.467 detenciones frente a los demás delitos de drogas». Por su parte, México, “entre el año 2009 y mayo de 2013, fueron detenidas, a nivel nacional, un total de 140.860 personas por consumo de drogas y, fueron iniciadas, por la misma causa y durante el mismo periodo, 53.769 averiguaciones en el sistema federal. En Bolivia, entre 2005 y 2011 se detuvo a 6.316 personas por posesión de drogas (en su mayoría cannabis)”.
Finalmente, el análisis adujo que, “al priorizar el sistema penal sobre el de salud, los Estados han abdicado su responsabilidad frente a los usuarios que requieren tratamiento, dejando que sea el sector privado el principal proveedor de los servicios de rehabilitación y tratamiento”.
Vea el informe completo del CEDD.
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