La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la información recibida respecto de la ejecución de Joseph Rudolph Wood el pasado 23 de julio de 2014 en Arizona, quien, según se informó, permaneció en vida durante casi dos horas tras el inicio del procedimiento de inyección letal.

Al respecto, el órgano interamericano instó a los Estados Unidos y al estado de Arizona a conducir una investigación independiente e imparcial de la ejecución del señor Wood y a suspender las ejecuciones hasta que el protocolo de ejecución del estado haya sido íntegramente revisado.

Y es que, en virtud de los antecedentes, se constató que durante la ejecución el defensor público federal interpuso una petición para que se reviviera al señor Wood. En dicha solicitud, el abogado defensor señaló que “[e]l Departamento Correccional de Arizona comenzó la ejecución de Joseph Rudolph Wood III a las 13:52 horas. A las 13:57, el Departamento Correccional de Arizona informó que el señor Wood estaba sedado, pero a las 14:02 comenzó a respirar. A las 14:03 se observó un movimiento de la boca. El señor Wood siguió respirando a partir de ese momento. Ha dado jadeos y resoplado durante más de una hora. A las 15:02 […] el personal volvió a comprobar que seguía sedado. Sigue vivo. Esta ejecución ha violado el derecho del señor Wood, consagrado en la Octava Enmienda, a ser ejecutado sin un castigo cruel e inusitado”.

Asimismo, en el marco de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos y a través del sistema de casos individuales, la Comisión Interamericana ha recibido preocupante información sobre numerosos defectos en los protocolos de inyección letal en varios estados de los Estados Unidos. En particular, la CIDH ha recibido denuncias en relación con la ausencia de una significativa supervisión federal de los protocolos de inyección letal y sobre el hecho que las inyecciones letales serían administradas por personas sin formación en anestesia. En varios estados, entre ellos Arizona, el tipo de fármacos utilizados, así como su fuente, no están en el dominio público. Además, dado que la escasez de fármacos ha dificultado a los estados la obtención de las drogas utilizadas en las inyecciones letales, algunos han recurrido a fuentes desconocidas, en particular, a farmacias de compuestos. En algunos estados es también secreto el protocolo de ejecución por inyección letal.

En este contexto, de acuerdo a la jurisprudencia de la Comisión Interamericana, “los Estados tienen el deber de informar a la persona condenada a muerte, en el momento oportuno, sobre las drogas y el método de ejecución que se utilizará, de forma que no se vea impedida de plantear su derecho a ser ejecutada de una manera carente de sufrimiento cruel e inusitado”. En efecto, la CIDH ha establecido que “en los casos que involucran la aplicación de la pena capital, los Estados tienen una obligación especial de asegurar que la persona condenada a muerte tenga acceso a toda la información pertinente relativa a la forma en la cual se llevará a cabo la ejecución. En particular, el condenado debe tener acceso a la información relacionada con los procedimientos precisos a seguirse, las drogas y las dosis que se utilizarán en caso de ejecuciones por inyección letal, y la composición del equipo que llevará acabo la ejecución, así como la capacitación de sus miembros”.

Finalmente, la CIDH condenó la forma en que Joseph Wood fue ejecutado y recordó a los Estados Unidos su obligación internacional de no imponer penas crueles o inusitadas a persona bajo su jurisdicción. Así también, llamó a todos los estados que utilizan la inyección letal como método de ejecución, a revelar los fármacos utilizados, su fuente, el protocolo de ejecución, así como la composición y la capacitación del equipo encargado de llevar a cabo la ejecución.

Vea texto íntegro del comunicado de prensa N°78/14.

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