CGR se pronuncia sobre renuncia a ejercicio de acciones judiciales por órganos públicos.

Se solicitó a la Contraloría General de la República -por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores- un pronunciamiento acerca de la factibilidad jurídica de adoptar la decisión de no insistir en la ejecución de un fallo, en lo que concierne al cobro de esos gastos, por no ser conveniente para los intereses fiscales, puesto que el ejercicio de acciones destinadas a obtener el pago de tales costas constituiría una actuación de resultado incierto y cuyo costo presumiblemente superaría los montos a obtenerse.

Lo anterior, puesto que en un proceso iniciado por la empresa holandesa Azeta B.V., relacionado con la ejecución de un contrato de arrendamiento de predios fiscales, el Tribunal de Distrito de Rotterdam condenó al Estado de Chile al pago de U$ 15.000.000., fallo que fue revertido por una sentencia de la Corte de Apelaciones de Amsterdam, en la cual se reconoce la inmunidad de jurisdicción alegada por Chile, declarando que la justicia holandesa era incompetente para conocer la demanda interpuesta y además se condenó a dicha empresa al pago de las costas del juicio, estimando su monto en 42.363,24 euros.

Al efecto, la CGR hace presente que la jurisprudencia administrativa ha sostenido, como criterio general, que los entes públicos no pueden renunciar a los derechos y acciones que les corresponden. Sin embargo, sostiene que ello debe conciliarse con las exigencias emanadas de las normas y principios que se refieren a la gestión de los organismos del Estado.