Se solicitó a la Contraloría General de la República -por parte de la Subsecretaría de Transportes- la reconsideración de un dictamen en que se concluyó que la repartición estatal de transportes, con posterioridad al lapso de vigencia de las convenciones celebradas en el marco de una campaña publicitaria relativa al sistema de transporte público, habría utilizado la imagen de un personaje denominado “Zumba” sin un acuerdo de voluntades que lo permitiera, y regulara las condiciones en que se prestarían los servicios, en especial lo relativo a los pagos, lo que no resulta admisible si se considera que según la normativa vigente los actos de la Administración deben constar por escrito y ser sancionados por el acto administrativo respectivo.
Por lo anterior, la entidad fiscalizadora ordenó en su oportunidad a la Subsecretaría de Transportes que arbitrara las providencias que fueren menester, a fin de resolver a la brevedad la situación, además de instruir un proceso disciplinario que determinara los hechos y las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren estar comprometidas en el caso.
En su solicitud de reconsideración, la Subsecretaría de Transportes sostuvo que el pago que se alega se insertaría en el marco de un acuerdo privado en el que dicha repartición pública no sería parte, celebrado entre una empresa y un particular, con el objeto de que la sociedad pudiera dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de dos convenios marcos suscritos con la Administración, por lo que no tendría responsabilidad en los montos adeudados, pues se trataría de un conflicto entre particulares.
Conforme a ello, el dictamen manifiesta que no advierte de qué manera la situación que se analiza podría constituir un asunto entre privados, si se considera que del tenor de los antecedentes recabados, y de lo informado por la propia Subsecretaría en cuestión con ocasión del reclamo que efectuara en su oportunidad el afectado, aparece que dicha repartición estatal, en el contexto de la referida campaña publicitaria, habría utilizado la imagen del mencionado personaje con posterioridad al lapso de vigencia de los aludidos convenios marcos, al margen de un acuerdo de voluntades que lo permitiera y regulara las condiciones, plazo y precio a pagar por la prestación de los servicios.
Así, conforme a los antecedentes expuestos, y teniendo presente que no se aportaron nuevos documentos o elementos de juicio que permitieran variar el criterio contenido en el dictamen en cuestión, la CGR concluyó no acogiendo la reconsideración solicitada, debiendo la Subsecretaría de Transportes cumplir cabalmente con dicho pronunciamiento, e informar de ello en el plazo de 10 días hábiles.
Vea texto íntegro del Dictamen Nº64237.
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