En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante Corte IDH el caso 12.739, Maria Inés Chinchilla y otros con respecto a Guatemala.
El caso dice relación con las violaciones a los derechos humanos de María Inés Chinchilla Sandoval como resultado de la falta de atención médica adecuada mientras era una interna en el Centro de Orientación Femenina (COF), así como por los hechos relacionados con su muerte.
Cabe precisar que la Comisión Interamericana sometió el caso 12.739 a la jurisdicción de la Corte IDH, por cuanto consideró que el Estado de Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo. En dicho informe, la Comisión recomendó al Estado reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, desarrollar una investigación imparcial, completa y efectiva, de manera expedita, para establecer las responsabilidades que correspondan; y garantizar el acceso médico adecuado y oportuno y condiciones adecuadas de privación de libertad para personas con discapacidad en el Centro de Orientación Femenino, entre otros.
Al respecto, la CIDH expresó que al encontrarse Chinchilla Sandoval privada de su libertad, el Estado de Guatemala tenía una posición especial de garante de sus derechos a la vida e integridad, sin embargo, no realizó diagnósticos completos para determinar la totalidad de las enfermedades que padecía, ni las necesidades específicas del tratamiento correspondiente. Asimismo, ante las obligaciones especiales que imponía su condición de persona con discapacidad, el Estado no le proveyó de condiciones de detención adecuadas para garantizar sus derechos. El día de su muerte, al no tener quien la desplazara, cayó de su silla de ruedas por una escalera. La Comisión consideró que María Inés Chinchilla Sandoval no recibió una protección judicial efectiva.
Este caso permitirá a la Corte desarrollar y profundizar su línea jurisprudencial en materia de los derechos a la vida, integridad personal y protección judicial de las personas privadas de libertad que, por un lado, requieren de un tratamiento médico específico atendiendo a la naturaleza particular de sus enfermedades y, por el otro, tienen alguna condición de discapacidad.
Asimismo, el presente caso permitirá desarrollar la jurisprudencia en materia de estándares de debida diligencia en la investigación de hechos en los cuales se pudo producir la muerte de una persona en custodia del Estado debido a la falta de atención médica adecuada, así como respecto del alcance del deber de sancionar a los profesionales de la salud, autoridades judiciales y autoridades penitenciarias, por no proveer un tratamiento médico ni condiciones de detención adecuadas.
Vea texto íntegro del comunicado de prensa N°113/14.
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