El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) publicó un informe titulado “Propuesta Comisión Asesora: amenaza a la calidad de salud de los chilenos”

En el estudio expone que, en caso de implementarse dicha propuesta, en vez de solucionar temas pendientes en el sistema de aseguramiento privado -tales como la falta de libertad de elección o cobertura para personas que contraen enfermedades crónicas, los problemas de información para comparar planes o el de transparentar el reajuste de precios distinguiendo entre el efecto de mayor uso de prestaciones y del costo unitario de las mismas-,terminará perjudicando la calidad y oportunidad de la atención en salud que recibiremos todos los chilenos.

En su propuesta mayoritaria, agrega LyD, la Comisión sugiere avanzar en 10 años plazo hacia lo que denomina “la gran reforma estructural de salud a la que se aspira”: un Fondo Único y un Seguro Nacional de Salud Único en Salud. Este Fondo se financiaría con la cotización de los trabajadores (7%) más aporte fiscal, sin descartar una contribución adicional de los empleadores. El Fondo Único estaría en manos de una nueva institucionalidad estatal y sería el único comprador de prestaciones, pudiendo adquirir servicios tanto en la red de prestadores privados como en la red pública. Esto es la estatización de las cotizaciones previsionales.

Luego, explica que para la transición hacia el Fondo y Seguro Único, la propuesta mayoritaria propone una reforma inmediata al sistema privado de salud, la que consistiría en establecer un Plan de Seguridad Social (PSS), único para todos los beneficiarios de FONASA e Isapres. Para su implementación, se establece en paralelo una modificación institucional en el sistema de salud privado y público a través de la creación de tres fondos: Fondo Inter-Isapres, Fondo Mancomunado Universal y Fondo de Incapacidad Laboral.

Más adelante, el documento concluye sosteniendo en esencia que la propuesta entregada por la Comisión de Salud a la Presidenta, constituye una amenaza para la calidad y oportunidad de la atención en salud que reciben todos los chilenos y una estatización en el corto plazo de nuestro sistema de salud. En primer lugar, se agrega, afecta a quienes están adscritos al sistema Isapre, dentro de los cuales hay cerca de 600 mil personas con un ingreso promedio del hogar de menos de $ 500 mil, y que pertenecen a los tres primeros quintiles de ingreso. Ellos probablemente deberán migrar al asegurador público o verán desmejorada la atención que hoy reciben en la red de prestadores privados.

Asimismo, prosigue aduciendo que también se verán perjudicados los beneficiarios de FONASA que pueden por ahora escapar de las colas del sector público y lograr atenderse -gracias a la Modalidad de Libre Elección- en el sector privado. Por último, pierden los afiliados a FONASA, quienes verán aún más estresada la red pública, y con ello aún menos probable recibir una atención oportuna y de calidad.

En definitiva, LyD sostiene que el fin del proyecto pareciera ser impedir en el largo plazo que las personas puedan elegir entre un seguro privado o un seguro público.

Vea texto íntegro del informe.

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