Nuevo juicio.
CS acoge recurso nulidad penal por obtención de prueba ilícita en caso de robo perpetrado por menor.
La sentencia concluye acogiendo el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública invalidando, en consecuencia, el fallo de nueve de agosto pasado del Tribunal de Garantía de Valparaíso.

En fallo unánime, la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad presentado en contra de una sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que condenó a 300 días de libertad asistida a un adolescente imputado por el delito de robo en bienes nacionales de uso público.
En su sentencia, expuso el máximo Tribunal que es un hecho no controvertido en autos que las actividades de Carabineros (interrogación de testigos, examen de videos, concurrencia a la casa del menor imputado e incautación de especies) lo fueron sin orden del Ministerio Público, así como que la detención del menor de autos –que fuera interrogado por el personal policial en el marco de las actuaciones cuestionadas– fue declarada ilegal en el momento procesal correspondiente. Tal escenario se comprende en atención a que los agentes policiales ejecutaron una actividad investigativa al margen de la ley, los que actuaron con independencia del curso procedimental iniciado por la denuncia del delito de que se trata (efectuada el día antes de la actividad policial) para obtener prueba tendiente a acreditar la existencia del delito, examinándola, determinando la identidad del autor, concurriendo a su domicilio en dos oportunidades y procediendo a su detención en la segunda de ellas.
Esta Corte, prosigue el máximo Tribunal, en lo atingente a la garantía constitucional del debido proceso, condiciona la legitimidad de la decisión jurisdiccional desde luego a la existencia de un pronunciamiento que sea corolario de un proceso previo que esté asegurado por reglas formales que aseguren un racional y justo procedimiento e investigación. El cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos garantizados por la Constitución Política de la República no conforman aquello que los jueces están llamados a apreciar libremente, sino que configuran presupuestos de legitimidad para la emisión de cualquier pronunciamiento sobre el caso sometido a su consideración.




