Tercer Tribunal Ambiental se pronuncia sobre figura del Amicus curiae.

La Ley 20.600 que creó los tribunales ambientales estableció en favor de la ciudadanía una serie de espacios e innovaciones para enfrentar las controversias medioambientales: una de ellas es la del Amicus curiae y que el artículo 19 de la mencionada ley establece que podrá presentar, por escrito y con patrocinio de abogado, una opinión con sus comentarios, observaciones o sugerencias, siempre que cumpla los siguientes requisitos: (a) cualquier persona, (b) que no sea parte en el proceso, (c) que posea reconocida idoneidad técnica y profesional en la materia objeto del asunto sometido al conocimiento del Tribunal Ambiental y (d) que invoque la protección de un interés público.

Recientemente, el Tercer Tribunal Ambiental aceptó, por primera vez, una solicitud de Amicus curiae, realizada en la causa “I. Municipalidad San Fabián de Alico con Dirección regional Biobío, Servicio de Evaluación Ambiental”, en la que pide entregar su opinión escrita sobre el “Peligro o riesgo geológico en el valle del río Ñuble y su impacto en el proyecto Embalse Punilla”.

La resolución del Tribunal proporciona una explicación detallada de los criterios aplicados para acoger este tipo de solicitudes, sosteniendo que esta figura “es un transplante legal desde la tradición del derecho anglosajón (“common law”)”, y que su esencia, aporte y relevancia ha ido cambiando de acuerdo se ha ido especializando la aplicación de justicia en el mundo. Para el caso específico de nuestra realidad jurídica, el documento advierte que “aunque el concepto de amicus curiae contenido en la Ley N° 20.600 tenga una conexión histórica con el originado en el seno del derecho anglosajón, nuestro derecho tiene particularidades diversas que se deben considerar al momento de aplicarlo”.