La Ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Sylvia Pizarro, sometió a proceso a Héctor Fernando Osses Yáñez y Aquiles Bustamante Oliva, en calidad de autores de los homicidios calificados de las siguientes personas: Carlos Julio Salfate Salfate, Patricio Santander Alfaro, Carlos Eduardo Zuloaga Orellana, Juan Miguel Córdova Yáñez, Florentino del Carmen Espinoza Medel y Julio Valenzuela Valenzuela, ilícitos perpetrados en octubre de 1973, en la comuna de La Granja.

En virtud de los antecedentes de la causa, se logró acreditar que el 7 de octubre de 1973, en horas de la madrugada, y en circunstancias que las víctimas se encontraban en sus domicilios -ubicados al interior de la población San Gregorio, de la comuna de La Granja-, se llevó a cabo un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas, en el que tomó parte personal de la Fuerza Aérea, Carabineros de la subcomisaria de la Granja y funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes procedieron a allanar las casas y sacar a todos los hombres mayores de 15 años, los que fueron llevados a una cancha de fútbol ubicada frente a la subcomisaria de la Granja, en un número aproximado de mil personas, entre las cuales se encontraban las víctimas; chequearon sus identidades y a algunos los dejaron en libertad, mientras que otro grupo fue detenido y derivado a la subcomisaria de Carabineros de La Granja, sin que existiera una orden de autoridad competente que lo permitiera.

Inmediatamente, agrega la resolución, familiares de los detenidos comenzaron a buscarlos en diversas unidades policiales, sin lograr noticias de ellos. Finalmente, encontraron fallecidos en el Instituto Médico Legal a Carlos Julio Salfate Salfate, Patricio Santander Alfaro, Carlos Eduardo Zuloaga Orellana, Juan Miguel Córdova Yáñez, Florentino del Carmen Espinoza Medel y Julio Valenzuela Valenzuela.

De dichos antecedentes, se concluye, fluye que las víctimas encontraron la muerte, al margen de todo proceso legal, mientras se encontraban privados de libertad y bajo custodia de agentes del Estado, sin que exista alguna justificación razonable.

La causa se encuentra en sumario, con diligencias pendientes.

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