La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó el mensaje del Ejecutivo que posibilita la participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de la instituciones de educación superior, eliminando de esta forma dicha prohibición.

Al efecto, el proyecto tiene por objeto ampliar las posibilidades de ejercicio de la autonomía de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, reemplaza la prohibición de participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión o dirección, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas, por una norma que prohíbe que en los estatutos y reglamentaciones se establezcan normas que proscriban, limiten u obstaculicen las asociaciones de estudiantes y trabajadores.

Cabe recordar que la oposición presentó una indicación que intentaba consagrar el derecho de asociación, pero manteniendo la actual prohibición para que estudiantes y funcionarios participen en el gobierno de la institución, sin embargo, el Ejecutivo estimó que la propuesta alteraba la sustancia del proyecto, opinión que compartió el oficialismo y que graficó expresando su rechazo a la modificación y ratificando el artículo presentado por el Gobierno.

Por otra parte, la instancia aprobó –unánimemente- los artículos transitorios que dicen relación con la obligación de las casas de estudios a ajustar sus estatutos y normativas internas a las disposiciones de la presente ley en el plazo de un año, contado desde su publicación.

En este sentido, “se faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año a contar de la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda, dicte las nuevas normas estatutarias que regularán la organización, atribuciones y funcionamiento de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad de Valparaíso”.

Finalmente, también se aprobó la indicación que modificaba el plazo de que dispondrán los rectores para presentar ante el Ministerio de Educación un proyecto de nuevo estatuto orgánico, o de modificación del estatuto vigente.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.

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