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Para declaraciones y estudios.

Proponen ampliar plazos para reclamaciones por falta de información en evaluaciones ambientales.

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

2 de diciembre de 2014

El proyecto de ley, iniciado por moción de los diputados Urrutia, Sandoval y Molina, modifica la ley N° 19.300, en el sentido de aumentar los plazos para declarar que el estudio o declaración de impacto ambiental carece de información relevante y establecer instancias tempranas de reclamación.

Al efecto, la iniciativa establece que los proyectos de desarrollo e inversión relevantes deben someterse a la evaluación ambiental previa, sea por Estudio o Declaración de Impacto Ambiental (EIA, DIA). Sin embargo, los autores de la moción señalan que en el último tiempo ha sido posible apreciar que la oposición a ciertos proyectos que pueden impactar negativamente el medio ambiente, por parte de comunidades o grupos de personas con legítimos intereses, ha significado el retraso o rechazo de proyectos. Agregan que lo anterior es más evidente frente a proyectos que llevan años de tramitación y que incluso con el otorgamiento de autorizaciones administrativas, deben posteriormente enfrentar serios reveses judiciales.

Ante esta situación, expone el proyecto, existe consenso en que parece positivo intentar evitar que ocurran litigios judiciales respecto de proyectos en etapas avanzadas de evaluación o incluso ya totalmente resueltos administrativamente. Pero, plantean, no se trata de evitar la litigiosidad en materia ambiental, porque muchas veces será necesario recurrir a ella para salvaguardar los intereses de aquellos más débiles frente a los efectos que acarrean los grandes proyectos de inversión.

Así, la moción se hace cargo de ciertos vicios que presentaría el sistema, como el ingreso de proyectos con información insuficiente en materia ambiental ante la autoridad evaluadora, lo cual extiende por meses y hasta años el procedimiento y retrasa la posibilidad de los terceros afectados de conocer los verdaderos alcances de los proyectos como la línea de base, el área de influencia y las medidas de mitigación de los principales impactos.

El proyecto en trámite propone aumentar de 40 a 90 días el plazo para que la autoridad ambiental revise el proyecto y resuelva cerrar el procedimiento por falta de información en el caso de Estudios de Impacto Ambiental y de 30 a 60 días tratándose de Declaraciones de Impacto.

Además, concluye la iniciativa estableciendo una instancia de apelación de cinco días a esta resolución, recurso que deberá resolverse dentro del plazo de veinte días. En contra de la resolución que resuelva este recurso existirá una instancia de reclamación ante el Tribunal Ambiental competente, en el plazo de 30 días.

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

 

 

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

 

 

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