La moción de los diputados Bellolio, Browne, Cariola, Carvajal, Cicardini, Marcos Espinosa, Fernández y Walker, propone modificar la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer sanciones en el caso de que los oficios de fiscalización no sean respondidos en los plazo fijados.
Al efecto, los parlamentarios arguyen que el artículo 10° de la LOC del Congreso Nacional se refiere sólo a medidas disciplinarias que podrá imponer la Contraloría General de la República, sin definir un procedimiento claro del que se deriven las sanciones aplicables a los representantes del Ejecutivo que no cumplan con el deber de proporcionar información requerida por los parlamentarios.
De otro lado, agregan que la debilidad de la norma contrasta con las explicitas sanciones que contempla la Ley 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública o Ley de Transparencia, que sanciona con multa de hasta el 50% de la remuneración a la autoridad, jefatura o jefe superior del organismo que no dio respuesta al requerimiento de información en el plazo que se establece.
En ese sentido, la iniciativa define un plazo de 10 días hábiles para responder, contados desde su recepción, pudiendo ampliarse por otros 10 días, siempre y cuando se solicite antes del vencimiento del primer término. En caso que el oficio no sea efectivamente respondido se aplicarán a la autoridad o al jefe superior del servicio multa de 20% a 50% de su remuneración y, eventualmente, suspensión en el cargo por cinco días.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
RELACIONADOS
* Moción propone aumentar atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados…