La moción de los diputados Gahona, Hasbún, Kast, Lavín, Molina, Nogueira, Norambuena, Turres, Van Rysselberghue y Ward, expone que, para la adquisición de un de un bien raíz, se requiere la concurrencia de un conjunto de formalidades que producen una multiplicidad de efectos jurídicos para quienes intervienen en la compra venta.
Observa luego que en la generalidad de los casos uno de esos intervinientes es la institución bancaria que actúa como prestamista mediante el conocido crédito hipotecario otorgado mediante contrato al comprador del bien raíz, quien se obliga al pago de la deuda en parcialidades.
Al efecto, los autores de la iniciativa arguyen que una de las principales obligaciones del vendedor del bien raíz es entregar la propiedad. Agregan que tal situación, según la jurisprudencia, implicaría dos cosas: “en primer lugar una entrega jurídica, la cual significa efectuar la inscripción del contrato a nombre del nuevo propietario en el conservador de bienes raíces competente y en segundo lugar una entrega material, constituido por el hecho de poner el vendedor a disposición del comprador el bien, de conformidad a las estipulaciones del contrato”.
Enseguida, la moción expresa que, en relación a lo expuesto, existe una situación no normada convenientemente ni en el Código Civil, ni tampoco en la ley del consumidor, consistente en que, pese a no verificarse la transferencia del dominio mediante la entrega jurídica o efectiva del bien objeto del contrato de compraventa, comienzan no obstante a correr los cobros al comprador del crédito hipotecario que para la compra de la propiedad.
Por tales razones, y con el objeto de subsanar el vacío legal aludido, el proyecto de ley propone modificar el artículo 95 de la Ley General de Bancos.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Economía y Fomento de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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