Proponen aumentar sanciones a delito de malversación de fondos públicos.

La moción de los diputados Aguiló, Arriagada, Espinoza, Gahona, Girardi, Hernando, Provoste, Rivas, Sepúlveda y Vallejo, expone que a propósito de la persecución penal realizada por el Ministerio Público contra 18 municipios, por mal uso de las subvenciones escolares, se logró advertir una grave debilidad de una de las figuras penales aplicables al caso, esto es, la malversación de fondos públicos.

Observa luego que el artículo 236 del Código Penal, que sanciona el aludido delito, no contempla penas corporales ni accesorias, y solo se limita a suspender del empleo al funcionario por un lapsus de tiempo determinado.

Enseguida, los autores del proyecto manifiestan que la pena contemplada en el citado artículo 236, no se justificaría en la actualidad, debido a que data –al igual que la mayoría del articulado- desde 1874, donde probablemente el estado de desarrollo de las finanzas públicas y las aplicaciones de las mismas tenían fronteras más difusas y por cierto el desarrollo de las ciencias no ameritaban castigar mayormente a quienes, como en este caso, hicieren una “aplicación” diferente de los recursos, al punto de justificar la expresión “arbitrariamente”, admitiendo en consecuencia la posibilidad que dicho desvío no fuere arbitrario, es decir sin justificación racional o prudente.