La moción de los senadores Chahuán, Girardi y Lagos, expone que la ciencia económica ha definido la colusión como un acuerdo entre empresas, que tiene por objeto aumentar los beneficios de dichas empresas, restringiendo la competencia, perjudicando por ende, a los consumidores.

Observa luego que esta acción constituye una confabulación destinada a fijar precios que se acuerdan, que reporta a sus agentes mayores beneficios que los que podrían obtener si compiten entre ellos. Por lo tanto, la colusión es una práctica desleal, que atenta contra la libre competencia, toda vez que altera el funcionamiento del mercado, en que los productos y servicios se regulan por la oferta y la demanda.

Enseguida, los autores de la iniciativa aducen que la colusión resulta atentatoria contra el orden público económico, ya que se producen situaciones de privilegio, constitutivas de monopolio y también se conforma un oligopolio, en que el mercado pasa a ser dominado por un reducido número oferentes de productos de elevado consumo.

Así, conforme a lo expuesto, y con el objeto de impedir que se perjudique a los consumidores y usuarios, el proyecto de ley propone modificar el artículo 285 del Código Penal, estableciendo que “cometen delito de colusión, los agentes económicos que, actuando concertadamente, acuerden fijar precios de venta de productos de primera necesidad, restrinjan la producción de los mismos o se distribuyan sectores del mercado de ellos, los que serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de mil a diez mil unidades tributarias mensuales”.

Una vez anunciada la iniciativa, se espera que en los próximos días ingrese a la Cámara de origen para su posterior análisis y discusión.

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