La moción de los diputados Coloma, Farcas, Fuenzalida, Monckeberg Díaz, Monckeberg Bruner, Nogueira, Pérez, Sabat, Santana y Walker, expone que el Estado posee el monopolio en el uso de la fuerza para mantener el orden público y dar cumplimiento a la Constitución y las leyes.

Observa luego que una de las funciones fundamentales en todo Estado de Derecho, es la seguridad pública, como fórmula para asegurar el libre ejercicio de las libertades individuales.

Al efecto, los autores de la iniciativa aducen que el Estado se reserva para sí los mecanismos de coacción que buscan mantener a raya al fenómeno delictivo, y en dicha tarea se auxilia de organismos públicos, siendo quizás los más importantes las Fuerzas de Orden y Seguridad.

En ese sentido, la iniciativa expresa que durante los últimos meses se ha recrudecido el actuar delictual en nuestro país, lo que ha significado un alza sustancial en los niveles de victimización, reflejado en las diversas encuestas realizadas a nivel nacional.

Enseguida, indica que los más preocupantes recaen en los patrones delictivos que han exhibido los delincuentes, con una temeridad y violencia inédita en Chile. De tal manera, el respeto por la autoridad policial o el temor de enfrentar sanciones más rigurosas, ya no son una persuasión para quien delinque.

Por tales razones, y con el objeto de fortalecer la protección al actuar policial y facilitar herramientas procesales para perseguir a los responsables de atentar contra la vida o la integridad física de efectivos policiales en ejercicio de su deber, la moción propone modificar diversos cuerpos legales, a fin de endurecer la persecución penal de delitos cometidos contra miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, restringiendo asimismo, la procedencia de beneficios penitenciarios.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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