La moción de los diputados Saffirio, Andrade, Ceroni, Cornejo, Gutiérrez, Mirosevic, Monckeberg, Rincón y Squella, plantea modificar la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, para establecer una inhabilidad temporal a quienes se hayan desempeñado como fiscal.
Al efecto, los parlamentarios arguyen que se pretende precaver situaciones en las que un fiscal pudiera estar negociando condiciones de trabajo con alguno de los querellantes o algún otro interviniente de un proceso en el que hubiese participado activamente como persecutor.
En ese sentido, los diputados expresan que la propuesta recoge una de las sugerencias del informe de la Comisión Investigadora del denominado “Caso Bombas”, aprobado en el mes de enero del año 2013 por la Cámara de Diputados (Véase relacionado), en el que se estableció que el accionar del entonces Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y del otrora fiscal Alejandro Peña significaron un grave daño a la imagen y credibilidad tanto del Ministerio Público como del Ministerio del Interior.
Conforme a lo expuesto, el proyecto establece que durante un año, contado desde la cesación del cargo, "los que se hubiesen desempeñado como fiscales no podrán prestar servicios profesionales a quienes fueron intervinientes en el proceso penal en el cual les correspondió dirigir la investigación".
Corresponde ahora que la moción sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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