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Mensaje del Ejecutivo.

CEP expone opiniones sobre pena de cárcel para delito de colusión.

Sostiene el CEP que dos opiniones reflejan lo que se podría llamar una crítica más externa al proyecto de ley, tres reflejan una crítica más bien interna, y una parece ubicarse entre ambas categorías.

2 de septiembre de 2015

El Centro de Estudios Públicos, en el contexto del mensaje presentado por el Ejecutivo que propone fortalecer la libre competencia, analizó las opiniones formuladas por seis expertos –Claudio Agostini, Julio Pellegrini, Juan Pablo Mañalich, Antonio Bascuñán, Aldo González, Nicole Nehme y Daniela Gorab– ante la eventualidad de contemplar pena de cárcel a quienes sean condenados por colusión.

Al efecto, el documento arguye que la iniciativa propone crear un mecanismo preventivo obligatorio de control de fusiones, perfeccionar la figura de la delación compensada, aumentar las multas para la colusión y declararla un delito penal, fortalecer a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) otorgándole nuevas facultades, y reforzar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) exigiendo exclusividad a sus miembros.

Enseguida, el CEP sostiene que la legislación chilena contemplaba cárcel para la colusión hasta la reforma de 2003, que la derogó, optándose por un mecanismo especializado de fiscalización y sanción en primera instancia, compuesto por el TDLC y la FNE. Sin embargo, a juicio del CEP la idea de imponer la pena de cárcel para la colusión, permite colocar a Chile en línea con la experiencia de otros países.

En ese sentido, y con el objeto de dilucidar algunas interrogantes a propósito de la iniciativa presentada, especialmente en lo que respecto a la idea de cárcel, el CEP reunión las opiniones de dos economistas y cuatro abogados.

Conforme lo anterior, sostiene el CEP que dos opiniones reflejan lo que se podría llamar una crítica más externa al proyecto de ley, tres reflejan una crítica más bien interna, y una parece ubicarse entre ambas categorías.

De esta manera, Agostini y Pellegrini se preguntan por la conveniencia de usar el derecho penal para defender la libre competencia. Agostini cree que vale la pena, Pellegrini no. Por su parte, Bascuñán, González, Nehme (y su coautora Gorab) se preguntan por el modo en que, si se decide criminalizar, habría que hacerlo.

Finalmente, Mañalich planteó una posición más ecléctica en razón de lo expuesto por los autores antes mencionados.

 

 

Vea texto íntegro del Informe.

 

 

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