La Comisión Mixta que estuvo encargada de zanjar las discrepancias que surgieron entre el Senado y la Cámara de Diputados, en torno al proyecto sobre probidad en la función pública, despachó el proyecto sobre probidad que con mayores exigencias para las declaraciones de intereses y de patrimonio de las autoridades públicas del nivel central y local.

En la oportunidad, el presidente de la instancia, senador Espina, sostuvo que “hemos aprobado un proyecto que es un avance muy importante que dice relación con las exigencias de probidad de todos los funcionarios públicos, sean del gobierno central, del Congreso, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, etc. Esta norma contempla muchas mayores exigencias respecto de la información que se tiene que aportar en lo que se refiere a la declaración de patrimonio, mucho más completa de la que se hace hoy día y también en lo que dice relación a la declaración de intereses”.

Por otro lado, adujo que “estarán obligadas a vender cualquier derecho o acción que tengan, de empresas que hagan negocio con el Estado porque se estima incompatible. En algunos otros casos, de cualquier otra empresa que tenga negocios dentro de la región en la que él trabaja cuando se trata de autoridades regionales”.

Finalmente, expresó el senador que “busca tomar las medidas que permitan a través de la transparencia, la información y la publicidad, saber si el comportamiento de las autoridades está acorde con los grados de honestidad que requieren los cargos o si hay en algún momento tráfico de influencias o existe enriquecimiento ilícito u otras conductas que sean sospechosas que requieran investigarse o averiguarse para frenar cualquier caso de corrupción

La iniciativa se encuentra en su tercer trámite constitucional, quedando en condiciones de ser discutida por la Sala de la Cámara de Diputados y luego por la del Senado.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.

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