Diario Constitucional

Revocó resolución.

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia desestimó tutela de derechos presentada por imputada.

Concluye el TC boliviano manifestando que el Auto de Vista cuestionado a través de la presente acción cumple con la exigencia de fundamentación debida como elemento esencial del derecho al debido proceso.

Por Redacción·11 de septiembre de 2015·4 min de lectura
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia desestimó tutela de derechos presentada por imputada.
Referencial

En fallo unánime, el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano resolvió revocar la Resolución 11/2014 de 14 de noviembre, pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y denegar una acción de tutela de derechos solicitada por parte de una particular.

Al efecto, la recurrente sostiene en su líbelo sostuvo la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación en el contexto del proceso penal seguido en su contra.

En su sentencia, adujo en lo grueso el TC boliviano que la obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: 'Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho.

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