El Instituto Libertad y Desarrollo, en su sección Temas Públicos, analizó el proyecto de ley –ingresado en agosto del año 2012- que pretende regular el deber de mitigar las externalidades que realizan los desarrolladores de proyectos inmobiliarios en el sector que se localizan, conocido como Aportes al Espacio Público.
Al efecto, LyD aduce que la discusión legislativa del proyecto en comento fue suspendida, siendo retomada por el actual Gobierno, que a través de una indicación sustitutiva reemplazó casi la totalidad del proyecto original, y que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional.
Luego, el Instituto expresa que la iniciativa original no solo consideraba mitigaciones para el impacto vial, sino también en equipamiento comunitario, áreas verdes, entre otras. Para eso proponía una cesión de terrenos que podría alcanzar hasta el 44% de la superficie total del terreno original, ya exigido para los proyectos de extensión, entre otros aspectos.
En ese sentido, manifiesta el informe que la cuestionada indicación sustitutiva plantea que los proyectos inmobiliarios no solo deberían mitigar el efecto local, sino también recoger el impacto causado en la ciudad, lo que a juicio del LyD sería “un impuesto disfrazado de mitigación”, debido a que en la práctica es un impuesto disimulado de aporte monetario, que puede alcanzar hasta el 44% del avaluó fiscal del terreno.
Asimismo, el informe expone que en el caso de los proyectos realicen mitigaciones directas, a través de un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), deben necesariamente explicar la información requerida y acortar los tiempos de resoluciones, de manera contraria se podría transformar en una barrera al desarrollo inmobiliario.
De esa manera, LyD concluye destacando la idea que la densificación urbana se encuentre acompañada de mejoras al espacio público, sin embargo, cuestiona el procedimiento que se propone por parte del actual Gobierno, al no permitir de manera cierta predecir el valor de la mitigación, generándose un nuevo espacio para la incertidumbre, arbitrariedad y corrupción.
Vea texto íntegro del Informe.
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