La iniciativa, también conocida como agenda corta antidelincuencia, está cumpliendo su segundo trámite en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, la que inició una serie de audiencias con diversas instituciones vinculadas a materias de seguridad pública y también con académicos.

En ese sentido, el representante de la Corte Suprema, Milton Juica, manifestó que “planteamos dudas respecto de algunas disposiciones que afectaban también ciertas garantías como ampliar los casos de detención, aumentar los plazos de flagrancia y también algunos ministros plantearon sus dudas respecto de darle la facultad a Carabineros de la posibilidad de hacer control de identidad sin consideración a delitos de ninguna especie”.

De otro lado, el presidente de la instancia, senador De Urresti, arguyó que el informe elaborado por la Corte Suprema “hace prevenciones respecto de garantías constitucionales en la detención por sospecha o lo que se ha llamado esta detención preventiva. Ha señalado que se vulnerarían algunas garantías constitucionales en función de la apariencia y como esta nueva figura se coordina con la Ley Zamudio que evita cualquier tipo de discriminación con respecto al aspecto físico, orientación religiosa, sexual o de otra naturaleza”.

Finalmente, el senador expresó que “creo que donde hay mayor discusión y donde vamos a centrar el debate, dice relación con los tipos penales y el aumento de penas en determinados delitos, especialmente en hurto, robo, receptación. Las estadísticas que señalaba el Ministro Juica dicen que más del 95% de aquellas personas que han estado privadas de libertad son reincidentes. Baja sustancialmente ese porcentaje con personas que han tenido otras medidas como reclusión, arresto domiciliarios, donde no hay contaminación de delincuencia”.

El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.

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