CS informa proyecto que modifica normas sobre libre competencia.

La Corte Suprema evacuó un segundo informe sobre el proyecto de ley que introduce modificaciones a los decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005 y al decreto de ley N° 211 de 1973, que fijan normas para la defensa de la libre competencia.

En su oficio, sostiene que el cambio propuesto en el límite de la multa administrativa en el límite superior resulta acorde con el objetivo de fijar sanciones efectivamente disuasivas que logren evitar que los agentes económicos tomen racionalmente la decisión de ejecutar prácticas o conductas anticompetitivas, haciendo un cálculo de costo beneficio frente a la infracción. Las sanciones por infringir la normativa que protege la libre competencia tienen como principales objetivos el castigo y la disuasión. El sistema actualmente establecido en nuestro ordenamiento, que tiene como tope un monto fijo –aunque indexado en Unidades Tributarias Anuales– no se relaciona necesariamente con el daño causado al mercado, los consumidores, los otros agentes económicos, o las ganancias obtenidas con la conducta ilícita, por lo que resulta deseable establecer el monto de la multa en proporción al beneficio económico obtenido; sin perjuicio que el monto máximo de dicha multa –hasta el doble, el triple, etc.– es un tema de mérito que debe ser resuelto por el legislador.

Respecto a prohibir a prohibir a las empresas que sean sancionadas por infracciones a la libre competencia contratar con el Estado, se arguye por el Pleno que la sanción de prohibición de contratar con el Estado pareciera tener el potencial de resultar efectiva en el objeto de disuadir a los agentes económicos de incurrir en eventuales conductas anticompetitivas, resultando similar a la sanción establecida para quienes sean condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.886 quedarán excluidos al momento de presentar la oferta de la nómina de los habilitados para contratar con la Administración.