La Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado aprobó unánimemente la idea de legislar el proyecto de ley que tiene por objeto cambiar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

Al efecto, cabe recordar que la iniciativa legislativa pretende elevar estándares de probidad y transparencia, creando una Dirección de Ética y Transparencia parlamentaria.

Asimismo, el proyecto establece precisiones destinadas a determinar el impedimento que afecta a los parlamentarios para promover y votar determinados asuntos; prohibir en forma expresa el uso de información privilegiada; reforzar el deber de asistencia; y prohibir expresamente la contratación de familiares y personas jurídicas relacionadas con los parlamentarios, o con funcionarios directivos del Congreso.

Durante el debate, el Presidente de la instancia, senador Walker, destacó el aporte realizado por expertos previo a la votación, los cuales manifestaron que se podría aprovechar la discusión legislativa para abordar temas de gestión legislativa más amplios.

En ese sentido, Marcela Ríos, del PNUD, arguyó que sería importante pensar en homologar y estandarizar ciertos procesos en ambas cámaras, así como la entrega de información activa, tales como informes. Agregó que la conveniencia de reducir de 12 a tres horas semanales el tiempo que tienen permitido los legisladores para actividades académicas.

Por su parte, el profesor de la Universidad Valparaíso, Cristián Viera, destacó aspectos del proyecto, pero planteó, por ejemplo, que en lo relativo a los órganos encargados de la evaluación del comportamiento ético se deberían incorporar pares externos, para garantizar la imparcialidad. Añadió que el principio de publicidad debería ser la tónica del trabajo de las comisiones y la reserva, la excepción.

En tanto, Sebastián Soto, del Instituto Libertad y Desarrollo, manifestó que en lo que se refiere a dedicación exclusiva de la función parlamentaria, se debería seguir el lineamiento de los ministros de Estado. También planteó la necesidad de especificar bien las conductas que pueden ser sancionables éticamente, para lo cual se debería generar un código de conductas para ambas cámaras. En cuanto a la publicidad del trabajo de comisiones, Soto dijo que se deben establecer mecanismos de reserva, para evitar que la deliberación se traslade a espacios informales.

Finalmente, María Jaraquemada, de Espacio Público, adujo que es importante estandarizar y homologar la información que se entrega en ambas cámaras, precisar la prohibición de usar las asignaciones parlamentarias para otros fines; revisar la gradualidad de las sanciones y acercarlas a las que existen en la administración central y darle facultades a la Dirección de Ética para verificar la veracidad de las declaraciones de intereses.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y legislativa.

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