En el marco de la discusión del proyecto sobre agenda corta antidelincuencia, parlamentarios de diversas bancadas cuestionaron la aprobación en el Senado de una norma que sancionaría con cárcel la filtración de información de investigaciones judiciales.

Al efecto, el diputado Ramón Farías expuso que es un tema ampliamente debatible ya que no existe claridad respecto de quiénes podrían ser sancionados, dando pie a que las penas puedan recaer sobre fiscales, actuarios, abogados e incluso los medios de comunicación.

Luego, agregó que nosotros estamos dispuestos a corregirla para resguardar la libertad de prensa y que se establezca claramente que los periodistas no sean sancionados (…) Es necesario aclarar que no sólo nos referimos a los casos de políticos, sino que también con otros temas delictuales, como tráfico de drogas. Nosotros en ningún caso queremos ir en contra de la transparencia, o permitir que esta norma signifique una ley mordaza. Yo estaría en contra si la ley se interpretara así porque no se puede ir en contra de la libertad de prensa.

Por su parte, el diputado Fuad Chahin recordó que el Código Procesal Penal establece actualmente que las carpetas investigativas son secretas salvo para los intervinientes y, por ende, las filtraciones están prohibidas para las partes. Pero, agregó, la norma tiene una mirada administrativa y por ello se propuso esta sanción penal, concluyendo enseguida que el carácter secreto es un medio para resguardar el principio de inocencia y la eficacia de la investigación, y por ello cree que es correcto incluir una sanción pero solo para los intervinientes y no para los medios de comunicación, porque en dicho caso debe primar el derecho a la información.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.

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