El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) analizó los más de 60 incumplimientos –por parte del Gobierno- a normas de transparencia e información en materia presupuestaria que tiene.

La publicación destaca que las faltas a las disposiciones legales podrían implicar fuertes sanciones a los jefes de servicios. Añade, que dichos incumplimientos a la ley se concentran en los Ministerios de Salud, Interior, Desarrollo Social, Vivienda y Educación.

Lo anterior, conforme a que la Ley de Presupuestos para el año 2016, contempla sanciones para los jefes superiores de los órganos del Estado, que no cumplan con las obligaciones de entrega de información y transparencia que la propia ley establece.

Luego, LyD recuerda que la sanción contempla que el jefe superior del respectivo servicio, podrá ser sancionado por la Contraloría General de la República con una multa equivalente a una remuneración mensual, previo procedimiento administrativo que corresponda. Al mismo tiempo se señala que en caso de reincidencia la sanción será del doble de la ya señalada.

Así, el documento señala que, dentro de los incumplimientos más graves, destacan la obligación del Ministerio de Vivienda de informar el plan para dar soluciones a las personas que viven en campamentos, y los subsidios habitacionales contemplados en el plan de inversiones 2016. Por su parte, el Ministerio de Justicia, a través de Gendarmería no ha cumplido con su obligación legal de enviar un informe con los objetivos, características y potenciales beneficiarios del programa de rehabilitación y reinserción social, esto torna mayor relevancia dado los últimos beneficios otorgados a personas privadas de libertad a lo largo del país. En Salud, los incumplimientos más graves son la falta de envío de información sobre la situación financiera y asistencial de los hospitales,  las listas de espera GES y no GES, ejecución del bono Auge y ejecución del programa de inmunizaciones del ministerio.

Asimismo, Libertad y Desarrollo resalta el incumplimiento de la que fue denominada como “glosa Caval”, y que obligaba al envío de los protocolos internos de respaldo de los computadores en los Ministerios del Interior y Segegob.

Finalmente, el artículo concluye esperando que en los próximos días la Contraloría General de la República tome conocimiento de esta situación y proceda a realizar los procedimientos administrativos que correspondan, y determinar las eventuales sanciones.

Vea texto íntegro de la publicación.

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