La moción de los diputados Andrade y Monsalve, expone que en el mes de marzo del año 2014, fue publicada la Ley Nº 20.730, más conocida como la “Ley de Lobby”, que regula esta actividad y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los Órganos del Estado.

Observa luego que durante la discusión legislativa de la iniciativa presidencial, varias autoridades y expertos en la materia coincidieron en la intención de exigir se agende todo tipo de reuniones donde se haga valer un interés particular, haya sido previamente solicitada o no, cualquiera sea el lugar donde la reunión se desarrolle y cualquiera sea la persona que lo solicita, sea o no el sujeto pasivo de la ley, circunstancia que se puede corroborar al revisar lo dispuesto en el reglamento del lobby de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los autores de la iniciativa recuerdan que el reglamento de la citada ley Nº 20.730, solo se pone en el supuesto que existe obligación de agendar solo reuniones previamente programadas.

Al efecto, aducen que dicha obligación de agendar, significa excluir del ámbito de aplicación de la ley a todas las reuniones informales, donde igualmente pueden tratarse o hacerse valer intereses particulares, generando como consecuencia que los interesado ya no soliciten audiencias con los autoridades y opten por invitarlos a actividades extra programáticas o informales donde puedan hacer valer sus puntos de vista sin necesidad de agendarlos, incumpliendo de esta forma con el espíritu de la ley.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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