Tras cumplirse 8 años de las reformas que implementaron un nuevo sistema de justicia penal en México, pasando del sistema inquisitorio y escrito a uno oral y adversarial. A pesar de haberse cumplido los plazos para la adopción en todos los estados de México, aún no se ha implementado a nivel federal y solo 4 estados cumplían con todos los criterios necesarios para el funcionamiento óptimo del nuevo sistema.

A modo de síntesis, los cambios del nuevo sistema son: la inclusión de la presunción de inocencia y los derechos humanos como principios rectores de las investigaciones penales; introducción de la institución del Juez de Control, el cual garantiza los derechos humanos a lo largo de la investigación, y un Juez de Ejecución, quien asegurará el cumplimiento de la sentencia; mejoramiento del sistema de justicia para menores y las medidas cautelares que pueden pedirse en el proceso respecto de ellos; y oralidad del proceso, lo que permite el contacto directo del juez con las partes y las pruebas.

No obstante lo anterior, el informe cuestiona la lentitud para dictar las normas procesales funcionales, sino que las de carácter orgánicas y presupuestarias. Además, señala que dentro de los grandes retos para la transformación del sistema, está la erradicación de los vicios o antiguas costumbres que siguen presentes en el nuevo sistema y que son herencia del antiguo. Estas son: burocracia en audiencias, altos índices de sospechosos detenidos "en flagrancia", permanencia de la tortura en la etapa de investigación y el papel poco claro de las fuerzas armadas en la investigación de delitos. Además, no será posible la transición mientras no se concluyan los procesos conocidos bajo el antiguo sistema.

Por otro lado, la reforma contiene excepciones al debido proceso para delitos relacionados con actividades de la delincuencia organizada que limitan o niegan severamente las protecciones que ofrece el nuevo sistema, esto porque un gran número de delitos en México están relacionados con la delincuencia organizada. Las excepciones al debido proceso para casos de delincuencia organizada son una parte clave de los problemas del “viejo” sistema de justicia penal en México, existiendo una gran relación con casos de torturas.

El 20 de junio las autoridades federales publicaron un acuerdo para la consolidación del sistema adversarial, al que los gobiernos estatales pueden decidir si unirse o no. Esta cláusula de adhesión opcional podría dificultar aún más el seguimiento de la implementación y consolidación de las reformas a nivel estatal.

Finalmente, recomiendan los autores del estudio al Estado Mexicano considerar lo siguiente para la implementación de la reforma, tanto a nivel estatal como federal: establecer un mecanismo organizado y transparente para reportar de manera regular los pasos pendientes para la implementación del sistema en su totalidad, así como los resultados obtenidos hasta ahora; las autoridades deben abandonar su enfoque de “cantidad sobre calidad” en el nuevo sistema de justicia penal, y asegurar la rendición de cuentas por violaciones graves a los derechos humanos bajo el nuevo sistema.

Vea texto íntegro del informe.

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