El estudio, a cargo de la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UDP,  Judith Schönsteiner, abarca por un lado las actividades económicas del Estado propiamente tales – empresas estatales, Chilecompra, SERCOTEC, fondos de emprendimiento de CORFO, y las concesiones, y por otro, analiza  si el Estado chileno cuenta  con regulación eficaz para garantizar el respeto a los derechos humanos en las actividades económicas de las empresas nacionales y extranjeras en el país, así como en las actividades de empresas chilenas en el exterior.

El estándar de contraste fueron los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del año 2011, y especialmente los derivados de la Convención Americana de DDHH.

Judith Schönsteiner señala   que los principales hallazgos del Estudio Línea Base –que por su carácter permite hacer un seguimiento en el tiempo- se refieren a  la falta de regulación de materias relacionadas con las actividades empresariales; las debilidades en la fiscalización de las actividades empresariales, especialmente las extractivas; y el impacto grave de la falta de planificación territorial, puntualiza la investigadora. Señala además que los tratados de inversión y comercio suscritos por Chile y aquellos por ratificar, como el TPP, no contienen las suficientes garantías en materia de derechos humanos.

Luejo, agrega que “el acceso a la justicia y reparación en materia de empresas y derechos humanos es claramente deficiente, tal como en general, la capacidad de prevención de las violaciones mediante recursos judiciales, políticas públicas o medidas administrativas”. No obstante, indica que “existen iniciativas puntuales de buenas prácticas que deberían ser fortalecidas e integradas en una política transversal en materia de empresas y derechos humanos”.

Finalmente, Schönsteiner concluye estableciendo que, en general, ninguna de estas iniciativas responde a una política coordinada o transversal en materia de derechos humanos, explica, destacando es ese sentido los esfuerzos de los ministerios  de Relaciones Exteriores y de Economía por coordinarlas a través de un Comité Interministerial, y un Consejo para la Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, respectivamente”.

Vea texto íntegro del estudio.

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