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Un análisis de los puntos más controvertidos

LyD publicó “La Constitución y las aguas: por mal cauce”.

Diversos proyectos de reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas se están tramitando en el Congreso.

3 de septiembre de 2016

Diversos proyectos de reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas se están tramitando en el Congreso. Ellos han sido refundidos en uno solo que reúne siete mociones presentadas por ex senadores y senadores de la NM e independientes y dos más presentadas por el senador Francisco Chahúan. Si bien se encuentra en su primera etapa legislativa, ya superó la primera revisión en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. El paso siguiente es el Informe de la Comisión de Constitución del Senado.

La reforma constitucional que se discute, propone una modificación al numeral 23 del artículo 19 de la Constitución que busca consagrar que “Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación”. Declara además, como utilidad pública “los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido”, señalando que será la ley la que “regulará el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca a particulares”. Agrega también otra serie de mandatos generales y, finalmente, extiende el recurso de protección para garantizar el “derecho al agua”.

Un análisis de los puntos más controvertidos de esta moción permite afirmar que nada hace recomendable su aprobación. Los perfeccionamientos de la regulación de las aguas no requieren una reforma que, como un cheque en blanco, vista al Estado de atribuciones que se desconocen, señala una informe del Instituto Libertad y Desarrollo que lleva por título “La Constitución y las Aguas: por el mal cauce”, menos –agrega- cuando esa reforma tendrá efectos inciertos en los derechos ya constituidos y en la judicialización de los conflictos en esta materia.

 

 

Vea informe de Libertad y Desarrollo.

 

 

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