El Tribunal Constitucional español se encuentra analizando el nuevo artículo 92 de su Ley Orgánica, que le confiere entre otras cosas, la potestad de suspender en sus funciones, sin proceso previo, a las autoridades o empleados públicos.
Lo anterior, a propósito de la solicitud de la Abogacía del Estado y la Fiscalía para actuar contra el Parlamento vasco, liderado por su presidenta, Carmen Forcadell, por desobediencia.
Sin embargo, la Magistratura Constitucional ibérica indicó que, de iniciar la persecución penal en contra Forcadell, se efectuará luego de resolver la constitucionalidad de la reforma de ley que pretende derogar la última reforma de la Ley Orgánica del TC español, aprobada en el 2015, la cual propone ampliar sus competencias y lo habilita para abrir la vía penal en caso de que se incumplan sus resoluciones, debido a que ha sido cuestionada por sendos recursos de los gobiernos vascos y catalán.
Así, la propuesta legal prevé que se pueda declarar la nulidad de las resoluciones que contravengan las que el propio TC haya dictado, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano infractor.
Asimismo, plantea facultarlo para acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario. También para recabar con carácter ejecutivo el auxilio de jueces y tribunales o de cualquier administración y poder público, que deberán prestarlo con carácter preferente y urgente.
Finalmente, la iniciativa propone que el TC español pueda tomar una serie de medidas coercitivas, como la imposición de multas de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones, acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento e incluso exigir responsabilidades penales.
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