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Se busca modificar el actual decreto.

CS entregó informe en que critica proyecto que cambia ley de libertad condicional.

El máximo Tribunal cuestionó las modificaciones a la comisión de jueces y al consejo técnico.

3 de octubre de 2016

La Corte Suprema realizó reparos, en un informe dirigido a la Cámara de Diputados, al proyecto que sustituye el Decreto Ley 321, de 1925, y que establece mayores exigencias para los condenados que quieren acceder al beneficio de libertad condicional y un modo de cumplimiento de penas.
Los magistrados indicaron sus observaciones a algunos aspectos como los cambios en el consejo técnico, comisiones de jueces y la creación de un recurso especial.
Con respecto al consejo técnico, que desarrolla los informes ante solicitudes de libertad condicional, en el proyecto se busca modificar las atribuciones con las que cuenta. En esta línea, la Corte Suprema señaló que el consejo "no es un órgano independiente del jefe del penal que tenga un carácter únicamente técnico, o que sea idóneo para servir de contrapeso a las decisiones tomadas desde la perspectiva uniformada".
El máximo Tribunal afirmó además que es "anómalo" que un organismo legislativo determine las normas de un consejo que no se rige mediante leyes.
Para que el cambio sea realmente importante, la Corte Suprema indicó que es necesario "definir con cuidado una composición estricta para dicho órgano (con miembros, cargos, modo de sesionar y decidir específicos) con rango legal, de modo que se le otorgue un adecuado grado de autonomía e independencia técnica".
Otro de los ítems tiene relación con los cambios en la comisión de jueces, quienes evalúan otorgar la libertad condicional.
La iniciativa plantea disociar las comisiones, lo que según la Corte Suprema, podría aumentar las cargas de trabajo, lo que finalmente podría provocar que "duplicando esfuerzos de manera innecesaria y aumentando el costo hundido que implica aprender cada vez, desde cero, a lidiar con la crudeza de la realidad penitenciaria".
Por último, criticaron el recurso especial que plantea la iniciativa y que tiene como fin impugnar las decisiones de la Comisión de Libertad Condicional.
Ante esto el máximo Tribunal indicó que es que es muy formal la disposición considerando que va dirigida a una sector "ilustrado" y el recurso podría dejar de usarse, ya que sigue siendo más viable un recurso de amparo.

 

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