El Pleno del Tribunal Constitucional español admitió a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de Cataluña, contra la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que convoca subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El Pleno de la Magistratura Constitucional ibérica acordó conferir traslado de la demanda al Gobierno de la Nación, el cual dispone de un plazo de veinte días para aportar los documentos y alegaciones que considere convenientes.
De igual modo, la Magistratura Constitucional ibérica acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por si ante la misma estuviera impugnado, o se impugnara en el futuro, la resolución. En ese caso, el proceso contencioso-administrativo quedaría en suspenso hasta la resolución del conflicto de competencia por el Tribunal Constitucional.
Se espera que en los próximos días la Magistratura Constitucional de España se pronuncie sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento.
Vea texto íntegro de la resolución.
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