En días recientes, la Corte Suprema de Estados Unidos inició el análisis de la expropiación de una firma petrolera estadounidense, realizada durante el mandato el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Cabe recordar que la firma perteneciente a Helmerich & Payne International Drilling, con sede en el Estado de Oklahoma, que operaba en ese entonces como subcontratista de la estatal PDVSA, acusa a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras, durante la denominada “revolución bolivariana”.
Asimismo, la firma alega haber entregado a Venezuela sus propios equipos de perforación, y el incumplimiento por parte de PDVSA por unos 100 millones de dólares, por lo que decidió detener sus gastos y desmantelar sus instalaciones. Sin embargo, el gobierno venezolano tomó medidas en junio de 2010 para impedir el traslado de los equipos y el presidente Chávez firmó un decreto expropiando a Helmerich & Payne.
Como consecuencia de lo anterior, la firma demandó a Venezuela ante la justicia estadounidense, consciente de la inmunidad que gozan los estados soberanos. Y es que, bajo “Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera”, existe la posibilidad de perseguir judicialmente a un país extranjero si este se apodera de bienes estadounidenses, o cuando sus acciones acarrean consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.
La abogada que representa los intereses de Venezuela, ha señalado que la empresa matriz "no tiene derecho alguno" sobre las plataformas.
Conforme a lo anterior, el máximo Tribunal norteamericano deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento.
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