El Tribunal Constitucional de Rusia anunció en días recientes que estudiará si Moscú deberá cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que obliga dicho país a pagar 1.866 millones de euros a los accionistas de la petrolera Yukos, expropiada tras ser acusada de evasión de impuestos.
Rusia firmó en 1996 el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconoció por extensión la jurisdicción del TEDH, comprometiéndose a cumplir con todas sus decisiones.
Sin embargo, Moscú considera que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se basa en interpretaciones de la Convención de Derechos Humanos que derivan en contradicción con la Constitución de la Federación de Rusia.
Y es que en sus últimas decisiones la Magistratura Constitucional rusa ha sostenido que "Rusia puede, con carácter de excepcionalidad, dejar de cumplir sus obligaciones (internacionales), si es la única manera posible de evitar incumplir los principios básicos de la Constitución del país”, agregando, que, a pesar de que la Carta Magna rusa establece la primacía de las normas contenidas en los acuerdos internacionales firmados por Moscú, “ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni las posturas jurídicas del Tribunal Europeo adoptadas en virtud del mismo (…) eliminan la prioridad de la Constitución en el sistema jurídico ruso", concluyendo finalmente que la Convención de Viena, conforme a su criterio, "establece que los acuerdos internacionales deben ser interpretados voluntariamente y en conciencia" (Véase relacionado).
De esa forma, se espera que prontamente se emita pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
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