El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales  de la Universidad Diego Portales, publicó el informe “Análisis preliminar del Proceso Participativo Constituyente”, cuyo autor es Claudio Fuentes Saavedra.

En el documento se expresa que durante cuatro meses del 2016 tomó lugar en Chile lo que se denominó la fase ciudadana del “proceso constituyente” y que consideró cuatro dimensiones: respuestas individuales a una consulta o encuesta de carácter estructurado individual; la realización de 8.092 encuentros locales auto-convocados (ELAS) y que cualquier ciudadano podía organizar; la realización de 71 cabildos provinciales organizados por un comité establecido por el gobierno; y la realización de 15 cabildos regionales también organizado por aquel comité.

El perfil de las personas que participaron en los ELAS, señala el texto, fue el que más se acercó en a la edad promedio nacional, salvo en aquellos entre 18- 27 años que participaron un poco menos de igual segmento nacional y de entre 14-17 años, que participaron un poco más de ese tramo a nivel nacional. Respecto de los cabildos provinciales y regionales, vemos que en ellos participaron menos personas menores de 27 años y más personas mayores de 48 años que la proporción nacional. Lo anterior parece totalmente esperable de un proceso pensado en diferentes estructuras de participación: personas de menor edad se involucraron o individualmente (vía consulta) o en su ámbito más próximo (ELAS), y personas mayores lo hicieron a partir de espacios de participación pública.

Luego, respecto de la metodología de trabajo del proceso, se indica que en cada etapa se repetía una metodología similar de trabajo. La ciudadanía podía responder una encuesta o consulta online, que solicitaba priorizar siete valores o principios, deberes o responsabilidades, derechos e instituciones de una lista pre-establecida de opciones. Se podían fundamentar dichas opciones, incluir otros conceptos y, además, para la memoria histórica del proceso, se estableció un segmento de respuesta abierta donde las personas podrían escribir sus aspiraciones. Pero, para propósitos del proceso participativo se establecería una lista amplia de conceptos que organizarían la discusión en las distintas etapas.

Sobre los resultados, se destaca por el informe que una primera característica del proceso es la alta estabilidad en el ranking de prioridades de una etapa a otra. Esto podría ser interpretado de dos formas: o bien existiría un fuerte consenso social entre quienes participaron de las diferentes etapas o bien, esta alta consistencia en las prioridades reflejan el impacto de una metodología que fue diseñada precisamente para discutir en base a un listado pre-establecido.

En el caso de los Derechos, el orden de preferencia es muy homogéneo entre las regiones. Educación, Salud y vivienda digna aparecen prácticamente en todas las regiones en los primeros lugares. Se observa así una fuerte concentración y gran homogeneidad. Las excepciones son la región 5 y 10 que colocan la seguridad social como principal prioridad, la región 6 que coloca a Medio Ambiente, y la región 9 que coloca a “vida”. Posteriormente analizaremos el significado que adquieren algunas de estas prioridades

De otro lado, en relación a los conceptos debatidos, se expone por la investigación que las prioridades individuales analizadas en cada etapa, las diferencias regionales y el análisis de clusters nos permiten definir una primera orientación de las grandes temáticas discutidas en el proceso constituyente. Sin embargo, todo aquello no nos entrega una orientación más nítida sobre el significado de los conceptos que se debatieron.

En la sección de instituciones, el listado propuesto por el Comité Organizador del proceso constituyente estableció en una sola categoría la idea de “reforma o cambio constitucional”. Esta opción obtuvo 27.896 menciones en la encuesta individual (5º lugar, 34,1%), 2.650 menciones en los ELAS (8º lugar, 35,5%), 393 menciones en los cabildos provinciales (8º lugar, 59,9%), y 283 menciones en cabildos regionales (9º lugar, 57,6%).

Se precisa por el documento que el fraseo de la opción que se presentó a la ciudadanía, “reforma o cambio constitucional”, contiene en realidad tres ideas: reforma a la Constitución—que usualmente se entiende como mantener el texto actual y someterlo a ciertas revisiones, cambio a la Constitución—que usualmente se interpreta como establecer una nueva Constitución, y la opción negativa de rechazo de un cambio o reforma.

En cuanto al derecho a la vida, por ejemplo, se llama la atención que en los cabildos de la Araucanía haya obtenido el mayor número de menciones ubicándose en primer lugar entre los principios seleccionados por los participantes de aquellos cabildos. Al observar las fundamentaciones entregadas por los grupos observamos que el significado que adquiere es muy diverso, desde interpretaciones más generales como “derecho a la vida digna”, “derecho a la salud”, o un valor o derecho esencial (así de genérico); hasta dimensiones específicas como el derecho al aborto o la protección del ciclo de vida desde la concepción hasta la muerte. El tema alcanzó el primer lugar de prioridad en dicha región, pero al considerar las fundamentaciones se advierte que es un tema importante para los participantes pero altamente divisivo.

De ese modo, la investigación concluye expresando, en esencia, que el proceso participativo constituyente generó una enorme batería de información que aún está en proceso de sistematización y que sin duda generará un rico material de estudio y análisis. Se quiso explorar algunas dimensiones para contribuir al debate sobre el proceso mismo, su metodología y resultados.

La metodología que se estructuró para orientar las discusiones (pre-definición de ciertos criterios que se repetían en las diferentes etapas) parece que tuvo un impacto relevante en el orden de prioridades en todas las etapas del proceso.

Sin embargo, se expone que al observar más detenidamente la organización del debate por regiones (lo hicimos solo con la información disponible de cabildos provinciales), advertimos que en algunas dimensiones (principios e instituciones) se remarcan interesantes diferencias territoriales que convendría remarcar.

A partir de todo lo cual, la investigación llama poderosamente la atención respecto de la riqueza de algunas de las propuestas, la complejidad de los debates y la especificidad de las recomendaciones en algunos temas particulares. Así, conviven en el proceso constituyente ciudadano dos lógicas que convendría tener en cuenta: una primera de síntesis de prioridades y que adquiere una dimensión más cuantitativa, y una segunda de debate y propuestas que abre en cada uno de los temas tratados ricas dimensiones de análisis que sin duda merecen ser profundizados.

Vea texto íntegro del Informe.

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