La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), emitió un informe denominado “Entendiendo la regulación. Un análisis de la ley histórica sobre cannabis en Uruguay”.

El informe de WOLA analiza el progreso realizado por las autoridades uruguayas en la introducción de la ley a la fecha, las medidas actuales de monitoreo y evaluación, y las oportunidades de responder a posibles obstáculos hasta el momento. Se señala que, no obstante el gobierno de Uruguay no pretende que esta ley sirva de ejemplo para otras leyes, los líderes uruguayos también saben que, como primer país en legalizar y regular cada nivel del mercado del cannabis, su nuevo sistema será sometido a un minucioso examen a nivel doméstico y extranjero, todo ello, mientras ciudadanos y líderes de otros lugares reflexionan si se debe legalizar el cannabis en sus propios países.

Asimismo, el texto afirma que la ley cuenta con una flexibilidad considerable en materias como las regulaciones relativas al precio del cannabis comercial y la exclusividad mutua de los tres métodos de acceso. Como consecuencia de esta flexibilidad, el gobierno puede tomar ventaja de su poder para ajustar las normas que rigen el reciente mercado de cannabis legal de acuerdo con los nuevos conocimientos obtenidos del monitoreo y la evaluación.

De otro lado, WOLA señala que aun cuando es demasiado pronto para sacar conclusiones completas respecto a si la ley del cannabis uruguaya está alcanzando todos sus objetivos, se ofrecen ocho recomendaciones a tener en consideración para salvar los obstáculos que enfrenta el cumplimiento de los objetivos de la Ley. Dentro de estas recomendaciones se encuentra el asegurar que el Instituto de Regulación y Control de Cannabis tenga la capacidad institucional necesaria para regular y controlar el mercado legal de cannabis de forma adecuada, aumentar los fondos para las campañas educativas, tanto para el público en general como para los jóvenes, respecto a los detalles de la ley, así como los riesgos para la salud asociados al consumo de cannabis. Por otro lado, asegurar que los planes para el precio único del cannabis, independientemente de su potencia, sean competitivos con el mercado negro y al mismo tiempo no fomenten el abuso, y capacitar a los agentes del orden en el nuevo protocolo de actuación policial del Ministerio del Interior e instar al Ministerio de Salud Pública para que acelere el acceso de los pacientes al cannabis medicinal.

Vea texto íntegro del informe.

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