En un artículo denominado “El sistema penitenciario brasileño: Desafíos y posibilidades de reforma”, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que el endurecimiento de leyes antidrogas y las políticas contra las pandillas han llevado a un aumento masivo de la población carcelaria en Brasil y, consecuentemente, a un hacinamiento severo en sistemas penitenciarios inadecuadamente financiados y a menudo descuidados.

Enseguida, el artículo expone que Brasil ha logrado recientemente la desafortunada distinción de tener la cuarta tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En los últimos 15 años, la tasa de encarcelamiento del país aumentó un 7 por ciento anualmente, siendo diez veces más rápido que su crecimiento demográfico. Esta población está proyectada a aumentar a 1.9 millones en el 2030, si las tasas actuales persisten.

WOLA afirma que el aumento masivo de la población carcelaria está asociado con dos tendencias interrelacionadas de la década pasada. En primer lugar, la expansión del uso de la detención preventiva, asociada con la segunda tendencia, esto es, arrestos por posesión de drogas, a pesar de un cambio al Código Penal en el 2006, que despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para el uso personal.

Además, el documento agrega un sistema de defensores públicos incapaz de satisfacer la demanda, pues la gran mayoría de personas detenidas no pueden pagar abogados privados, dejándolos dependientes de un sistema público precario y con escaso personal. Asimismo, se menciona la dominación de facciones criminales, que son capaces de virtualmente gobernar las cárceles como agentes paralelos a la estructura penitenciaria.

Finalmente, el artículo expresa que en el gobierno de Michel Temer, tras la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, no hay seguridad de que los pocos avances logrados para mejorar el acceso a la justicia dentro del sistema de justicia penal (incluyendo los defensores públicos y las audiencias de custodia) continuarán, y agrega que en el último mes, un juez de la corte de apelaciones de São Paulo anuló las sentencias condenatorias de varios miembros de la Policía Militar, quienes habían sido condenados por la masacre de Carandiru en 1992, argumentando que los policías habían actuado en legítima defensa.

Vea texto íntegro del artículo.

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