Interés general del Estado.
CGR se pronuncia sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas de directivo de organización no gubernamental.
Las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas pretende evitar una confrontación de aquellas actividades que amenacen el interés general del Estado con el ámbito de las labores específicas que desarrolla el respectivo servidor.

Se consultó a la Contraloría General de la República –por parte de un directivo de una organización no gubernamental- respecto de la posibilidad de postular a un fondo concursable del Estado, ejecutar el respectivo proyecto y percibir honorarios por ello. Además, solicita que se precise si dicha entidad privada puede participar en programas relacionados con la implementación de proyectos comunitarios y locales, pese a que dos de sus directivos son funcionarios públicos.
En cuanto al primer asunto planteado, el ente de control recuerda que, de conformidad a lo dispuesto en su oficio circular N° 24.143 de 2015 -que imparte instrucciones para la atención de solicitudes de pronunciamiento jurídico-, que las consultas que se le presenten deben referirse a asuntos concretos en los cuales los recurrentes tengan derechos o intereses específicos, individuales o colectivos, y no a situaciones hipotéticas, lo que no se advierte de la presentación de la especie (aplica dictamen N° 60.368 de 2016, entre otros), motivo por el cual no se pronunciará sobre dicha materia.
Luego, en lo concerniente a la segunda consulta, la Contraloría sostiene que en razón de su dictamen Nº 61.860 de 2009, el establecimiento de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas pretende evitar una confrontación de aquellas actividades que amenacen el interés general del Estado, el que, aún de manera indirecta, se ve comprometido si la actividad privada incide o se relaciona con el ámbito de las labores específicas que desarrolla el respectivo servidor o con las propias de la institución de la Administración en que labora.
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