Se consultó a la Contraloría General de la República –por parte de un directivo de una organización no gubernamental- respecto de la posibilidad de postular a un fondo concursable del Estado, ejecutar el respectivo proyecto y percibir honorarios por ello. Además, solicita que se precise si dicha entidad privada puede participar en programas relacionados con la implementación de proyectos comunitarios y locales, pese a que dos de sus directivos son funcionarios públicos.

En cuanto al primer asunto planteado, el ente de control recuerda que, de conformidad a lo dispuesto en su oficio circular N° 24.143 de 2015 -que imparte instrucciones para la atención de solicitudes de pronunciamiento jurídico-, que las consultas que se le presenten deben referirse a asuntos concretos en los cuales los recurrentes tengan derechos o intereses específicos, individuales o colectivos, y no a situaciones hipotéticas, lo que no se advierte de la presentación de la especie (aplica dictamen N° 60.368 de 2016, entre otros), motivo por el cual no se pronunciará sobre dicha materia.

Luego, en lo concerniente a la segunda consulta, la Contraloría sostiene que en razón de su dictamen Nº 61.860 de 2009, el establecimiento de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas pretende evitar una confrontación de aquellas actividades que amenacen el interés general del Estado, el que, aún de manera indirecta, se ve comprometido si la actividad privada incide o se relaciona con el ámbito de las labores específicas que desarrolla el respectivo servidor o con las propias de la institución de la Administración en que labora.

Por último, la CGR concluye indicando que para determinar la posible incompatibilidad en la situación de la especie, deberá ponderarse, por una parte, si la actuación profesional privada se relaciona con el campo de influencias de la función pública que se sirve, a fin de establecer, específicamente, si se configura un aprovechamiento indebido de tal posición en la Administración y, por otra, si esta fue o no realizada durante la respectiva jornada laboral.

Vea texto íntegro del dictamen Nº 87.891 de 2016.

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