La Cámara de Diputados ratificó las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas, por lo cual el texto legal fue remitido al Ejecutivo para sus trámites de promulgación. 
Cabe señalar que la iniciativa busca modernizar la Ley General de Servicios de Gas para enfrentar las actuales exigencias regulatorias de los servicios de gas; llenar los actuales vacíos regulatorios; corregir las deficiencias de la normativa aplicable; y actualizar, uniformar y adecuar la terminología y alcance de las normas de la Ley a los requerimientos actuales, en especial en materia de distribución de gas licuado de petróleo por red (también denominado GLP).
Los diputados señalan que “la nueva ley será aplicable al transporte, la distribución de gas de red concesionada y no concesionada, la comercialización de gas, el régimen de concesiones y tarifas de gas de red, y a las funciones del Estado relacionadas con estas materias”.
Asimismo, continúan los legisladores “se aplicarán las disposiciones que regulan la distribución de gas de red no concesionada a la distribución de gas licuado a granel, en todo aquello que le sea compatible”.
Los congresistan afirman que “el tema principal que regula el proyecto está asociado a establecer de manera muy clara que las empresas distribuidoras de gas por redes van a tener que cumplir un máximo de rentabilidad de tres puntos sobre la tasa de costo de capital que se le calcule periódicamente. La compañía que se pase del margen fijado, quedará inmediatamente sujeto a la tarificación y tendrá que devolver lo que cobró en exceso”. 
Del mismo modo, añaden, “clasifica los servicios de gas en residencial, comercial e industrial; garantiza a los clientes o consumidores con servicio de gas residencial, el derecho a cambiar de empresa distribuidora debiendo respetarse el procedimiento y plazos que se establecen”.
Los diputados explican, también, que “mantiene el régimen de libertad tarifaria regulada que permite a toda empresa de gas determinar libremente el precio del servicio de transporte o servicio de gas. En todo caso, las empresas concesionarias de distribución de gas de red estarán sujetas a un límite máximo de rentabilidad económica, equivalente a tres puntos porcentuales sobre el promedio simple de los últimos tres años de la tasa de costo de capital para una determinada zona de concesión”.
“La tarifa del gas será chequeada anualmente por la Comisión Nacional de Energía (CNE), en conjunto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para que las normas establecidas en esta iniciativa se puedan cumplir efectivamente y que los cobros sean los correctos”, indican los legisladores. 
Explican que “además de fijar un límite a la rentabilidad de las empresas, se promueve un aumento en la competitividad de este mercado y la entrada de nuevas inversiones que fomenten una masificación en el uso de este combustible, que presenta un impacto más amigable para el medioambiente”.
Finalmente, dicen los diputados “se introduce una norma de incentivo a las nuevas inversiones, porque se establece que el spread (margen) no es de tres puntos para las inversiones nuevas, sino que cinco”. 

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.

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