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A través de escrito.

CGR promovió contienda de competencia respecto de Corte Suprema por caso DGAC.

La Contraloría planteó ante el Senado que la Corte Suprema carece de atribuciones para determinar, a través de una acción judicial de mera certeza, el sistema de previsión de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

29 de diciembre de 2016

La Contraloría General de la República (CGR) promovió una contienda de competencia contra la Corte Suprema, presentando un escrito ante el Senado donde le solicita que declare que el máximo Tribunal carece de atribuciones para declarar, “a través de una acción de mera certeza”, el régimen previsional que corresponde a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Esto debido a que la Constitución y el artículo 6 inciso primero de la Ley N° 10.336 han conferido “exclusivamente” esa facultad a la Contraloría General de la República (CGR).
La Contraloría sostiene que con la acción interpuesta busca “hacer respetar los cientos de dictámenes uniformes emitidos desde hace décadas por esta Institución y que han sostenido que los funcionarios de la DGAC deben estar adscritos al régimen previsional privado de las AFP con el que se pensionan los civiles y no al de Capredena”.
Además, plantea que “la acción del personal de la DGAC se pretende hacer a través de una vía que no es la constitucional y legal, pero más grave aún, desconociendo que el artículo 6° inciso primero de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría, establece que “corresponde exclusivamente al Contralor” dictaminar en estas materias (sueldos, desahucios, jubilaciones, pensiones, montepíos de los funcionarios públicos) y que las acciones judiciales a través de las cuales los tribunales pueden intervenir válidamente en estos aspectos y analizar la eventual impugnación de los dictámenes de la CGR son otras, que no fueron intentadas por los funcionarios de la DGAC, quienes procedieron por esta vía irregular”.
El objetivo de la contienda promovida por la CGR, de acuerdo a ésta, “no es sólo sostener las atribuciones exclusivas de la Institución, sino que, además, y, especialmente, cautelar el patrimonio público, puesto que en el evento de desconocerse estos dictámenes -a través de esta vía impropia- las pensiones de los funcionarios de la DGAC pasarían a ser financiadas con el patrimonio público de todos los chilenos”.

 

Vea Oficio N° 93000

 

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